/ miércoles 30 de marzo de 2022

ITAI presenta informe ante el Congreso

Durante el último año el aporte de este organismo ha beneficiado no solo al estado sino al país: Buenrostro Gutiérrez

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez comisionada presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindió su informe de labores en el Congreso del Estado y ante los legisladores, destacó la aportación que el organismo hace en materia de transparencia al impulsar una cultura de imparcialidad en el desempeño de las dependencias públicas, mediante la oferta de asesorías y capacitaciones, que son muy necesarias para cumplir con los derechos de los ciudadanos.

Refirió que la transparencia es una herramienta para la rendición de cuentas en materia de acceso a la información pública, indispensable para la vida democrática en nuestro país, siendo fundamental la rendición de cuentas de todos y todas, los servidores públicos en sus tres órdenes de gobierno.

En la comparecencia se contó con organismos públicos, autoridades, integrantes del ITAI y la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Norma Julieta del Río Venegas, José María Avilés Castro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, Gabriela Cisneros Ruiz, presidenta de la Comisión de Transparencia y Corrupción.

Buenrostro Gutiérrez, reiteró que durante el último año el aporte de este organismo ha beneficiado no solo al estado sino al país, “quiero resaltar que durante el periodo que se informa destaca que el Instituto logró un número importante de asesorías en sus diversas actividades de capacitación, que son necesarias para avanzar en los derechos”.

Destacó la necesidad de que existan organismos e instituciones especializadas e imparciales, que garanticen los derechos fundamentales de las personas, y se constituyen como pilares fundamentales de un estado democrático incluyente y garantista derivado del trabajo político que surge en 1989, con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, su manifestación a la libertad de expresión, y el derecho de pedir a todos los agentes cuenta de su administración, México asume una serie de reformas desde 1977 hasta el año 2015.

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“Desplegando a la par una serie de acciones como un organismo constitucional público autónomo con facultades de emitir resoluciones definitivas, contra todos aquellos actos que contravengan el derecho humano de acceso a la información. En Baja California Sur desde el 2005 con la publicación de la Ley de Transparencia se observa el primer activo de hacer del conocimiento ciudadano la información generada, por las autoridades en manejo del recurso público y la rendición de cuentas”.

“La principal encomienda es establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato en el ámbito estatal y municipal”.

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez comisionada presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindió su informe de labores en el Congreso del Estado y ante los legisladores, destacó la aportación que el organismo hace en materia de transparencia al impulsar una cultura de imparcialidad en el desempeño de las dependencias públicas, mediante la oferta de asesorías y capacitaciones, que son muy necesarias para cumplir con los derechos de los ciudadanos.

Refirió que la transparencia es una herramienta para la rendición de cuentas en materia de acceso a la información pública, indispensable para la vida democrática en nuestro país, siendo fundamental la rendición de cuentas de todos y todas, los servidores públicos en sus tres órdenes de gobierno.

En la comparecencia se contó con organismos públicos, autoridades, integrantes del ITAI y la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Norma Julieta del Río Venegas, José María Avilés Castro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, Gabriela Cisneros Ruiz, presidenta de la Comisión de Transparencia y Corrupción.

Buenrostro Gutiérrez, reiteró que durante el último año el aporte de este organismo ha beneficiado no solo al estado sino al país, “quiero resaltar que durante el periodo que se informa destaca que el Instituto logró un número importante de asesorías en sus diversas actividades de capacitación, que son necesarias para avanzar en los derechos”.

Destacó la necesidad de que existan organismos e instituciones especializadas e imparciales, que garanticen los derechos fundamentales de las personas, y se constituyen como pilares fundamentales de un estado democrático incluyente y garantista derivado del trabajo político que surge en 1989, con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, su manifestación a la libertad de expresión, y el derecho de pedir a todos los agentes cuenta de su administración, México asume una serie de reformas desde 1977 hasta el año 2015.

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“Desplegando a la par una serie de acciones como un organismo constitucional público autónomo con facultades de emitir resoluciones definitivas, contra todos aquellos actos que contravengan el derecho humano de acceso a la información. En Baja California Sur desde el 2005 con la publicación de la Ley de Transparencia se observa el primer activo de hacer del conocimiento ciudadano la información generada, por las autoridades en manejo del recurso público y la rendición de cuentas”.

“La principal encomienda es establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato en el ámbito estatal y municipal”.

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