La Paz, Baja California Sur.- Entre algunos de los argumentos que presentaban los transportistas en 2017 para justificar y presionar el alza en las tarifas del servicio de transporte público se lograron entrever grandes problemas de organización interna, de regulación y en la prestación del servicio.
El primer argumento era que se necesitaba el aumento para que pudiera haber un crecimiento en el porcentaje que se lleva el chofer como comisión, ya que estos en contraprestación de su servicio tienen que otorgar parte de su captación diaria al concesionario y el gasto de la compra de combustible, sin embargo de todo ese dinero, existe una merma por ingresos no reportados de parte del chofer que se estima en un 30 % del ingreso, por lo cual los datos no son precisos.
El tercer argumento es el aumento en los costos de mantenimiento de las unidades, ya que la mayoría poseen unidades del año 1991, los requieren piezas de repuesto o servicios correctivos en talleres mecánicos, cuyos costos han aumentado de 2011 a 2017 en un 67 %.
Los transportistas basados en estos tres argumentos, solicitaban un incremento del 7.7 % en la tarifa del transporte público, sobre todo en rutas como Centenario y Fraccionamiento Calafia, sin embargo, se le fue denegado.
En el mismo estudio, entre las más grandes fallas detectadas estaban que el 80.5 % de los transportistas tenían su revista vehicular 2017, el 2.4 % no tenía placas de circulación, mientras que el 3.3 % tenía la póliza de seguro del viajero vencida y el 7.7 % no la mostró o no la tenía.
