La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis tomó la decisión de vetar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que emitieran los diputados en el Congreso local y al respecto, explicó que la Constitución determina que si no se llega a aprobar la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos, deberá aplicarse aquél que haya sido aprobado y publicado con la fecha más reciente en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de tal forma que las leyes que fueron aprobadas para el 2020 deberán continuar vigentes.
Dicho concepto está contenido en el artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y tercero de nuestra constitución, y sobre la decisión, el mandatario dijo que la postura del Poder Legislativo es imponer sus criterios que van en contra de los intereses de las y los Sudcalifornianos.
“Esta decisión, sin antecedente en el Estado, se aplicará también a las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal y todo esto corresponde a una convicción, ya que las decisiones de política pública deben responder a las necesidades sociales y no los intereses electorales” recalcó.
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Lo aprobado por el congreso estatal, dijo, impide continuar con la atención de salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar a la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública que tanto nos ha costado recuperar y esto es algo que vamos a permitir. Vamos a enfrentar a la tentación con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la ley.
El Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.
En un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y, con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al reducir en 60% el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo, esta reducción irracional, que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o investigación, impacta directamente a conceptos indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal.
Ejemplo de lo anterior lo constituye el pago del seguro catastrófico que ante la cancelación del FONDEN se convierte en la única previsión que se tiene ante la llegada de algún fenómeno meteorológico que nos impacte y cause daños. Se afecta de igual manera el pago de servicio de energía eléctrica, de agua potable, servicio telefónico e internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.
Aunado a estas afectaciones, se pretende asignar un 2% adicional a las participaciones que se asignaron a los municipios en el en el presupuesto de 2020, sin considerar que Baja California Sur es actualmente la entidad que mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios a nivel nacional.
En suma -añadió- la pretensión de los diputados implica disminuir a la administración pública estatal aproximadamente 400 millones de pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación en nuestra entidad, el legislativo ha olvidado que debe responder a los reclamos sociales y no a los mandatos partidistas.
Llama la atención que la reducción presupuestal no alcance de manera alguna al presupuesto del propio Poder Legislativo. Reza el refrán, “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.
Dijo que no se van a abandonar a las familias, que se defenderá su salud, la economía de los hogares, la seguridad y que esto no es posible con las leyes y presupuesto que pretenden el Congreso imponer y que olvida el luto, la enfermedad y la angustia económica de la gente.
Tenemos la razón legal y la tranquilidad moral para frenar el abuso, impedir el fanatismo y defender el Interés público que siempre prevalecerá sobre el interés electoral, el poder ejecutivo estatal no actúa por interés partidario ni se aleja de la gente, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Coordinación Fiscal aprobados por el Congreso responden, tristemente, a una lógica facciosa y mezquina.
Más aún cuando fueron modificados de manera irresponsable y sin realizar el análisis riguroso sobre el impacto económico que la normatividad exige para mantener finanzas públicas que permitan atender las necesidades más apremiantes de la población.
El Gobierno del Estado requiere de recursos suficientes para brindar los servicios que por ley está obligado a prestar a la gente y no permitiremos que esta arbitraria decisión del legislativo, afecte la vida y la salud de las y los sudcalifornianos, con lo cual se podría generar una crisis humanitaria. “No aceptamos que más personas enfermen, tenemos que actuar de la mejor manera posible, con todos los recursos disponibles frente al reto sin precedentes que enfrentamos.
“No admitimos que los negocios quiebren y las familias sufran, no permitiremos que la gente se quede sin empleo y sin ingreso, no vamos a permitir que se destruya nuestra tranquilidad y por eso, hemos decidido vetar esta iniciativa”, concluyó Mendoza Davis.
