La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- El acuerdo publicado por el Ejecutivo federal para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no cumple con las condiciones establecidas en la reforma aprobada por el Congreso en el año 2019, señaló la senadora Guadalupe Saldaña, al recordar que en la máxima tribuna de la nación le aprobaron al presidente López Obrador la creación de la Guardia Nacional, cuando se logró el consenso en la necesidad de brindar un marco legal a la tarea de las Fuerzas Armadas, en apoyo a las autoridades civiles y ante el grave problema de seguridad pública que enfrentaba el país.
En esas fechas, dijo, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta 5 años, el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Con relación al acuerdo del pasado 11 de mayo por el cual el presidente pretende regular la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública: No plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública; No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria y por lo tanto, el acuerdo es incompleto; No garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario, acusó la legisladora.
En ese mismo sentido, afirmó que la evidencia salta a la vista y la estrategia implementada por el gobierno federal en materia de seguridad, es fallida.
La estrategia no ha dado resultados, insistió, y citó las estadísticas que en este rubro reflejan un aumento en la violencia: pese a lo anterior, hay una militarización porque vemos encomiendas a las fuerzas armadas en diferentes temas, dijo.
Guadalupe Saldaña coincidió en que la inseguridad que enfrenta el país requiere que el ejecutivo federal plantee cambios, sin embargo, consideró que hubiera sido preferible fortalecer a las policías locales y complementarlas con el apoyo de las fuerzas armadas.
Además, dijo finalmente, en este acuerdo no quedan claras las medidas de fiscalización, los controles y qué sucederá con la ley de registro de detenciones.
