La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Tanto para la autoridad como para los llamados pescadores libres como para quienes trabajan con permisos o concesiones, la extracción ilegal de productos del mar también conocida como gauterismo constituye un serio problema, cuya solución definitiva aún está muy lejos de alcanzarse.
No hay cifras oficiales sobre el impacto de la pesca ilegal en el estado, aunque según fuentes de El Sudcaliforniano, esta práctica que ya era alarmante, se ha venido agudizando en los últimos tres años, derivado del retiro de recursos oficiales para tareas de inspección y vigilancia, una tarea que en este sexenio le fue conferida a la Secretaría de Marina, y que antes dependía de la Comisión Nacional de Pesca.
ALENTADOS POR EL GOBIERNO
Nadie se atreve a decirlo en público, pero entre buena parte del sector pesquero corre la versión de que con este gobierno, hasta hace poco, los inspectores de pesca recibían instrucciones de no detener a pescadores ilegales, solo disuadirlos; hubo acciones de gobierno que abonan a esta versión, como el episodio de hace poco más de dos años en donde siendo Walter Valenzuela alcalde de Comondú, durante una sesión del Sub Comité de Pesca se comprometió a entregar “distintivos” a los lancheros que anduvieran trabajando sin permisos, a fin de que fueran identificados por la Marina sin ser molestados.
Una propuesta más en ese sentido, fue la de la diputada local por Morena Soledad Saldaña, quien en julio del 2019, sugirió a un grupo de pescadores sin permiso de San Carlos, entrar al mar a extraer almeja Catarina en Bahía Magdalena, debido a que la CONAPESCA no había entregado los permisos solicitados, una sugerencia que fue atendida por cientos de pescadores.
Otro caso que fue ampliamente polémico, se registró por esas mismas fechas en Bahía Magdalena, cuando oficiales de la SEMAR intentaron detener a un grupo de lancheros cuando trabajaban de manera ilegal; en ese momento, los presuntos guateros llamaron por radio a sus compañeros, quienes acudieron al sitio para rescatarlos, logrando que los oficiales de la Marina abandonaran la lancha ilegal y los dejaran en libertad. Antes, tiraron al mar el producto que llevaban a bordo.
MÁS DE MIL PESCADORES FURTIVOS
Según datos obtenidos por El Sudcaliforniano, serían más de mil los pescadores que en alguna época del año entran al mar a extraer producto sin contar con un permiso, mientras que el padrón oficial es de aproximadamente 5 mil 300 legales, entre cooperativistas, pescadores libres y permisionarios.
En sus datos más recientes, la CONAPESCA informó que la producción anual de esta entidad en el 2019 fue de 144 mil 363 toneladas de diversos productos del mar, con una valor de 2 mil 333 millones de pesos, colocando a Baja California Sur en el lugar número 5 a nivel nacional, y en donde destacan especies de alto valor comercial como langosta, abulón, caracol, almeja generosa, callos de hacha y de almeja Catarina, camarón, ostión y pepino de mar, además de escamas como verdillo, jurel, lenguado, huachinango, cabrilla, sardina, tiburón, cazón, mantarraya y bonita, entre otros.
Siendo Bahía Magdalena una de las regiones más ricas en recursos pesqueros, es en esta región donde se registra el mayor problema de pesca furtiva, con frecuentes y cada vez más violentos enfrentamientos entre cooperativistas que realizan tareas de vigilancia y pescadores ilegales; en los últimos meses van cuando menos tres eventos peligrosos, los más recientes, cuando los furtivos embistieron con sus lanchas a la embarcación de vigilancia, causándole daños que estuvieron a punto de hundirla.
RECURSOS INSUFICIENTES PARA VIGILANCIA
Y aunque los mares son de jurisdicción federal, desde el gobierno del estado también se implementan acciones para el combate a la pesca furtiva, con acciones que coordina el Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), un organismo que en la actualidad cuenta con 5 embarcaciones de vigilancia en operación, de las cuales una se encuentra en Loreto, una San Carlos, otra en Cancún, dos en La Paz.
El titular del FONMAR Martín Inzunza, informó que son frecuentes de los decomisos de producto marino ilegal, y aunque en su mayor parte se trata de especies de alto valor comercial, también se ha asegurado diversos tipos de escamas que estén en veda.
PRECARIZACIÓN SOCIAL DE PESCADORES
El funcionario estatal aceptó que una gran parte de los pescadores de Baja California Sur se encuentran en un proceso de precarización social que se está profundizando, debido a que en el pasado no hubo un modelo de negocios que les ayudara a tener un trabajo rentable y solvente.
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Aceptó que los recursos para vigilancia con que se cuenta son insuficientes para cubrir los más de 2 mil kilómetros de litoral de Baja California Sur, y alertó sobre el impacto de la pesca ilegal en algunas regiones como Isla Cerralvo, en donde algunas especies como cochitos prácticamente han desaparecido, el huachinango cada vez es más pequeño y hay una fuerte afectación a los pericos a causa del pistoleo ilegal; Y al paso que vamos, especies como el tiburón pronto se van a acabar, expresó.
Admitió también que no son comunes los aseguramientos de grandes volúmenes de producto, sino que más bien se trata de muchos pero de pequeñas cantidades: El asunto es que son demasiados, y todos los días salen, dijo, en alusión a quienes se dedican a la pesca furtiva.
PESCADORES HISTÓRICOS
En entrevista por separado, el líder pesquero José Flores, señaló que habría que distinguir entre los llamados Pescadores Históricos que aún sin permiso extraen producto del mar para mantener a sus familias como una forma tradicional de vivir, pero respetando las vedas, aunque desafortunadamente algunos no cuentan con permiso porque no lo han solicitado, y en otros casos otros porque se les ha negado: Son pescadores tradicionales, dijo, aunque lamentablemente, irregulares.
Por otro lado, estarían los pescadores furtivos conocidos como “guateros” que trabajan fuera de la norma, sin permisos y que sacan especies en veda, con tallas no permitidas y utilizando artes de pesca prohibidas; Y no solo es un problema de Baja California Sur, sino de casi todo el país, concluyó.
