/ martes 2 de julio de 2019

En los despidos debe haber indemnización: Víctor Castro

El coordinador de programas federales, dijo que el gobierno de la república debe ajustarse a lo que establecen las leyes laborales

La Paz, Baja California Sur.- El delegado de Programas Federales, Víctor Castro Cosío, señaló que los ajustes de personal en las dependencias del gobierno de la república en esta entidad, tienen como propósito adelgazar una estructura obesa y obsoleta para sustituirla por una nueva y más eficiente que, en el corto tiempo, pueda resolver los problemas de la gente.

No obstante, dejó en claro que los servidores públicos cuya plaza sea cancelada deben ser indemnizados conforme a derecho; el gobierno tiene que ajustarse a lo que marca la ley laboral dijo, aunque explicó que estos despidos en las delegaciones están fuera de su esfera de decisiones y corresponden a la Secretaría de Hacienda. Que no haya ningún caso de despido sin apego a la ley, reiteró.

Insistió en el respeto a los derechos de los trabajadores, y aseguró que no fueron ellos los culpables, sino un sistema y una estructura obesa y grande que no resolvía como la ciudadanía merece, al tiempo que adelantó que los funcionarios “de arriba” ya no tendrán los sueldos que ganaban antes, sino percepciones modestas.

Añadió que parte de lo que falta es la estructura del territorio, que serán los centros integradores instalados en las comunidades.

En ese sentido, descartó la posibilidad de un colapso en la administración pública federal especialmente en la operatividad de los programas para los estados, y afirmó que las dependencias van a seguir funcionando con la estructura que se requiera, y considerando que en este gobierno los recursos se van a entregar directamente a los beneficiarios sin que haya de por medio ningún intermediario.

Va el gobierno de la 4T por una nueva estructura para la implementación de los programas federales

Castro Cosío denunció que había tales de niveles de desatención y abandono, como el caso de una familia en el valle de Santo Domingo, que está peleando desde el año 1980 para que el gobierno le regularice una posesión de más de 50 años y su trámite no avanza, y citó otro caso como el del ejido La Purísima, en donde intereses de particulares ajenos a la comunidad no permiten que se lleve a cabo la asamblea.

La Paz, Baja California Sur.- El delegado de Programas Federales, Víctor Castro Cosío, señaló que los ajustes de personal en las dependencias del gobierno de la república en esta entidad, tienen como propósito adelgazar una estructura obesa y obsoleta para sustituirla por una nueva y más eficiente que, en el corto tiempo, pueda resolver los problemas de la gente.

No obstante, dejó en claro que los servidores públicos cuya plaza sea cancelada deben ser indemnizados conforme a derecho; el gobierno tiene que ajustarse a lo que marca la ley laboral dijo, aunque explicó que estos despidos en las delegaciones están fuera de su esfera de decisiones y corresponden a la Secretaría de Hacienda. Que no haya ningún caso de despido sin apego a la ley, reiteró.

Insistió en el respeto a los derechos de los trabajadores, y aseguró que no fueron ellos los culpables, sino un sistema y una estructura obesa y grande que no resolvía como la ciudadanía merece, al tiempo que adelantó que los funcionarios “de arriba” ya no tendrán los sueldos que ganaban antes, sino percepciones modestas.

Añadió que parte de lo que falta es la estructura del territorio, que serán los centros integradores instalados en las comunidades.

En ese sentido, descartó la posibilidad de un colapso en la administración pública federal especialmente en la operatividad de los programas para los estados, y afirmó que las dependencias van a seguir funcionando con la estructura que se requiera, y considerando que en este gobierno los recursos se van a entregar directamente a los beneficiarios sin que haya de por medio ningún intermediario.

Va el gobierno de la 4T por una nueva estructura para la implementación de los programas federales

Castro Cosío denunció que había tales de niveles de desatención y abandono, como el caso de una familia en el valle de Santo Domingo, que está peleando desde el año 1980 para que el gobierno le regularice una posesión de más de 50 años y su trámite no avanza, y citó otro caso como el del ejido La Purísima, en donde intereses de particulares ajenos a la comunidad no permiten que se lleve a cabo la asamblea.

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