/ lunes 14 de enero de 2019

Docentes del CAED no reciben su pago

Desde diciembre no se han cubierto sus honorarios y además deben de pagar impuestos de ingresos que no tienen

La Paz, Baja California Sur.- Personal docente de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país, dependientes del gobierno federal, no han recibido sus pagos desde diciembre y exigen que se cumpla con esta contraprestación laboral. Esto parece un hecho recurrente, pues a principios del 2018, no les cubrieron sus honorarios durante cuatro meses.

Los profesores de los CAED informaron que los responsables de los pagos solo han dado largas y realizado promesas vagas de que “pronto será depositado los recursos”.

Los centros dependen de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y existen alrededor de 300 en el país, los cuales están distribuidos en los distintos planteles escolares del Cetmar, CBTIS, Cecati, CEB y Cetis de toda la república mexicana. En Baja California Sur operan cinco centros: tres en La Paz, uno en San José del Cabo y otro en Guerrero Negro. Los directores de los planteles se han preocupado por realizar las gestiones para que los pagos lleguen a tiempo, sin embargo tampoco son escuchados.

SAT, el otro “enemigo”

Los profesores están bajo el régimen de honorarios y desde hace más de cuatro años perciben los mismos ingresos y carecen de prestaciones sociales. Ahora con las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es posible declarar en ceros, sino que se les obliga a pagar el impuesto de un ingreso que no han recibido.

Vea: Va Homero Davis como delegado del IMSS en BCS

El objetivo de los CAED

Estos centros brindan asesorías a personas con discapacidad intelectual, auditiva, motriz o visual que quieren terminar su preparatoria. Aquí, los alumnos no sufren de acoso o discriminación y las clases se adaptan a su ritmo de aprendizaje. Los CAED fueron creados con base en la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” emitida en la ONU y de la cual México es firmante.

“Desaparecer estos centros sería un gran retroceso y un castigo para las personas con discapacidad”, concluyeron los afectados.

La Paz, Baja California Sur.- Personal docente de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país, dependientes del gobierno federal, no han recibido sus pagos desde diciembre y exigen que se cumpla con esta contraprestación laboral. Esto parece un hecho recurrente, pues a principios del 2018, no les cubrieron sus honorarios durante cuatro meses.

Los profesores de los CAED informaron que los responsables de los pagos solo han dado largas y realizado promesas vagas de que “pronto será depositado los recursos”.

Los centros dependen de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y existen alrededor de 300 en el país, los cuales están distribuidos en los distintos planteles escolares del Cetmar, CBTIS, Cecati, CEB y Cetis de toda la república mexicana. En Baja California Sur operan cinco centros: tres en La Paz, uno en San José del Cabo y otro en Guerrero Negro. Los directores de los planteles se han preocupado por realizar las gestiones para que los pagos lleguen a tiempo, sin embargo tampoco son escuchados.

SAT, el otro “enemigo”

Los profesores están bajo el régimen de honorarios y desde hace más de cuatro años perciben los mismos ingresos y carecen de prestaciones sociales. Ahora con las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es posible declarar en ceros, sino que se les obliga a pagar el impuesto de un ingreso que no han recibido.

Vea: Va Homero Davis como delegado del IMSS en BCS

El objetivo de los CAED

Estos centros brindan asesorías a personas con discapacidad intelectual, auditiva, motriz o visual que quieren terminar su preparatoria. Aquí, los alumnos no sufren de acoso o discriminación y las clases se adaptan a su ritmo de aprendizaje. Los CAED fueron creados con base en la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” emitida en la ONU y de la cual México es firmante.

“Desaparecer estos centros sería un gran retroceso y un castigo para las personas con discapacidad”, concluyeron los afectados.

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