La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- El dirigente estatal de la Coparmex Gustavo Díaz Tronco respaldó la política de austeridad anunciada recientemente por el gobernador Víctor Castro Cosío por considerar que esto ayuda a las finanzas públicas, aunque lo conminó a tener cuidado para que esta austeridad no afecte la operatividad del gobierno, y que siga otorgando los servicios públicos, atendiendo a la ciudadanía y cumpliendo con sus funciones.
Demandó que se transparente el destino de estos ahorros, porque de otra manera, dijo, “si no lo sabemos, volveremos a tener el círculo vicioso”; consideró que estos recursos se deberían de aplicar en el sector salud, específicamente para atención de la pandemia de Covid-19, así como en seguridad y educación; anunció que dará seguimiento a esta política de austeridad y a la aplicación de los recursos obtenidos por los ahorros.
Por otra parte señaló que la COPARMEX se suma a acciones de gobierno que buscan el beneficio común; citó su participación en la campaña de vacunación contra el Covid-19, y hace apenas unos donaron al ayuntamiento de La Paz 500 sacos de asfalto en frío que servirán para tapar baches y mejorar las vialidades; adelantó que en dos semanas más, habrán de hacer una donación por este mismo volumen.
A pregunta expresa, el líder patronal descartó la posibilidad de que estos materiales puedan ser robados, y en contraparte, afirmó señaló que hay un voto de confianza hacia las autoridades.
En un encuentro con los medios de comunicación, Gustavo Díaz Tronco reiteró el rechazo de la COPARMEX a la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a los legisladores federales por Baja California Sur no aprobarla, debido a las implicaciones económicas y para el medio ambiente que representa, que es violatoria del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y con el Acuerdo del Paris.
En ese mismo tema, pidió a los legisladores se convoque un Parlamento Abierto que permita a los empresarios y a todas las voces expresar sus opiniones en torno a esta iniciativa.
Alertó sobre el riesgo de demandas ante tribunales internacionales por parte de empresas que están realizando inversiones en este sector de energía limpia, y que con la reforma se les estarían cancelando los contratos.
Subrayó que además de contaminar el medio ambiente, con la reforma eléctrica se aumentarían los precios de la energía y en caso de que bajaran, implicaría la aplicación de un subsidio por parte del gobierno.
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Detalló que en el caso de Baja California Sur, estarían en riesgo plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan el viento y en la luz solar, así como la planta de gas del puerto de Pichilingue.
Finalmente manifestó el rechazo de los empresarios a la regularización de los autos llamados “chocolate” que fueron ingresados al país de manera ilegal, y alertó sobre el impacto de esta medida sobre la industria automotriz que a nivel local da empleo a más de mil 200 personas, y que a nivel nacional afectará hasta en un 39% los ingresos del sector.
