La Paz, Baja California Sur.- El presidente del Centro Patronal de Baja California Sur, Miguel Ángel Ochoa, acusó al Ayuntamiento de Los Cabos de realizar una cacería ilegal en contra de los choferes que utilizan la plataforma de Uber con el único fin de favorecer a la clientela electoral del partido Morena, conformada por taxistas; afirmó que además de ilegales, estas multas -de hasta 27 mil pesos- son abusivas y excesivas, aunque estando al margen de la ley pueden ser combatidas y vencidas en un juicio o en un procedimiento administrativo.
El líder estatal de la Coparmex señaló que la autorización de estas multas por parte del ayuntamiento de Los Cabos es ilegal, al tiempo que urgió al Congreso del estado a atender esta irregularidad y sobre todo a aprobar la Ley de Movilidad con la que se pondría fin a esta y a otras controversias relacionadas con el transporte de personas, bienes y mercancías.
USAN VIDEOCÁMARAS
Denunció además que para la aplicación de estas multas el ayuntamiento está haciendo uso de videocámaras en donde se identifica a las unidades más utilizadas por quienes usan esta plataforma, a las que en algún punto de su trayecto se les detiene, aunque en muchas ocasiones se trata de vehículos particulares que nada tienen que ver con este asunto, a algunos también les aplican las multas, aunque posteriormente se las quiten; es una manera discrecional y totalmente arbitraria, dijo.
En ese mismo tenor, señaló que hay otra ilegalidad al quitar una o incluso hasta las dos placas al vehículo, sin dejar de mencionar las agresiones en contra de los Uber y de otras plataformas por parte de los taxistas a los que la autoridad municipal protege con estas acciones.
Miguel Ángel Ochoa señaló que con estas acciones no solo se afecta a quienes pretenden ganarse la vida usando alguna plataforma de transporte, sino también se afecta al turismo, porque los visitantes extranjeros cada día utilizan más estas herramientas, debido a las garantías de seguridad y de confianza que ofrecen y a que operan en prácticamente todo el mundo.
En todo caso, si de aplicar la ley se trata, tanto derecho tienen a trabajar los taxistas como los que utilizan las plataformas, porque en ambos casos son actividades lícitas, concluyó.
