/ domingo 26 de mayo de 2019

Comunidades indígenas podrán realizar trámites legales en su idioma

El diputado José Luis Pérpuli Drew propuso que el Tribunal por oficio ofrezca un traductor

La Paz, Baja California Sur.- El diputado José Luis Pérpuli Drew propuso que los trámites legales que los pueblos o comunidades indígenas asentados en el territorio estatal los realicen en su lengua, dialecto o idioma, sin necesidad de acompañarse de la traducción al español ya que el Tribunal lo hará por oficio con cargo a su presupuesto; lo anterior a través de una iniciativa con proyecto de decreto que lleva como propósito garantizar el acceso pleno a la justicia de los migrantes y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad.

La reforma al artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles pone especial énfasis a indígenas en contexto de migración, a las comunidades indígenas que en búsqueda de mejores horizontes residen en el estado y a las personas con discapacidad que son víctimas de prejuicios, estereotipos de género, tabúes, costumbres ancestrales, falta de información, de lagunas en la Ley y fallas en su implementación, lo que acentúa el trato desequilibrado e inequitativo.

En ese contexto, en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución el tribunal deberá otorgar la asistencia necesaria en materia de lenguaje de señas mexicano, estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Cabe destacar que por mandato constitucional los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; se estima que en Baja California Sur hay asentados en el estado alrededor de 70,000, la mayoría dedicada a las labores del campo.

Finalmente, Pérpuli Drew sostuvo que la propuesta busca también generar una empatía generalizada que impulse a su enriquecimiento y que tenga como propósito ampliar las garantías, mecanismos y procedimientos que aseguren la progresividad y fortalezcan los derechos humanos en materia de justicia de que gozan estos grupos de mexicanos vulnerables, sujetos de una protección especial por nuestra Constitución.

La Paz, Baja California Sur.- El diputado José Luis Pérpuli Drew propuso que los trámites legales que los pueblos o comunidades indígenas asentados en el territorio estatal los realicen en su lengua, dialecto o idioma, sin necesidad de acompañarse de la traducción al español ya que el Tribunal lo hará por oficio con cargo a su presupuesto; lo anterior a través de una iniciativa con proyecto de decreto que lleva como propósito garantizar el acceso pleno a la justicia de los migrantes y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad.

La reforma al artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles pone especial énfasis a indígenas en contexto de migración, a las comunidades indígenas que en búsqueda de mejores horizontes residen en el estado y a las personas con discapacidad que son víctimas de prejuicios, estereotipos de género, tabúes, costumbres ancestrales, falta de información, de lagunas en la Ley y fallas en su implementación, lo que acentúa el trato desequilibrado e inequitativo.

En ese contexto, en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución el tribunal deberá otorgar la asistencia necesaria en materia de lenguaje de señas mexicano, estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Cabe destacar que por mandato constitucional los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; se estima que en Baja California Sur hay asentados en el estado alrededor de 70,000, la mayoría dedicada a las labores del campo.

Finalmente, Pérpuli Drew sostuvo que la propuesta busca también generar una empatía generalizada que impulse a su enriquecimiento y que tenga como propósito ampliar las garantías, mecanismos y procedimientos que aseguren la progresividad y fortalezcan los derechos humanos en materia de justicia de que gozan estos grupos de mexicanos vulnerables, sujetos de una protección especial por nuestra Constitución.

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