/ jueves 11 de julio de 2019

Cierran puertas a la minería en Sierra la Laguna

Entrega Sedatu predio de 751 has; sigue la modificación del Plan de Manejo para blindar la minería en ese terreno

La Paz, Baja California Sur.- En conferencia de prensa, el coordinador de programas federales, Víctor Castro Cosío, acompañado de los titulares de CONANP, Benito Bermúdez; de la Semarnat, Daniela Quinto Padilla, y de Felipe Morales, en su calidad de representante de la asociación denominada Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, celebró la decisión del gobierno de la república, que encabeza el presidente ,Andrés Manuel López Obrador, quien a través de la Sedatu acordó entregar a la CONANP “para su administración”, el predio Jesús María, ubicado dentro del Área Natural Protegida Sierra la Laguna, lo que según el funcionario protege a esta superficie de la megaminería tóxica, debido a que este sitio forma parte del área donde pretendía establecerse el proyecto minero Los Cardones.

MODIFICACIONES

Benito Bermúdez explicó que lo que sigue es hacer las modificaciones al Plan de Manejo de la Reserva Sierra la Laguna, para que a este predio Jesús María, que actualmente está dentro de la zona de amortiguamiento, se le defina un nuevo destino y deje de ser subzona especial para convertirse en zona de preservación, y con ello dar garantía de que no se realizarán ahí actividades extractivas.

Entre tanto, de cualquier forma, ninguna minera podrá operar en éste ni en los otros dos terrenos nacionales denominados La Junta y El Encantado, porque son terrenos nacionales, y están en poder de la Sedatu, y porque la CONANP jamás daría una opinión favorable a favor de la minería, dijo el funcionario.

Según el delegado de la CONANP, Benito Bermúdez, el acuerdo secretarial publicado el pasado 9 de julio que le otorga a esa dependencia “para su administración” el predio antes citado, fue resultado de un proceso muy largo que inició en junio de 2008, que finalmente fue acelerado por instrucciones del presidente ,López Obrador, logrando que en tres semanas se cotejaran todos los procedimientos técnicos y jurídicos respecto a ese predio y a otros dos denominados La Junta y El Encantado, resultando que los tres son terrenos nacionales, y que habían sido “usurpados de manera irregular por manos ajenas a Baja California Sur”.

VALOR HISTÓRICO

Señaló que los sudcalifornianos caímos en la posibilidad de perder ese territorio, mismo que tiene un valor histórico y ambiental de gran importancia en materia de generación de agua; La Junta y El Encantado también son terrenos nacionales que están solicitados desde hace 11 años por la CONANP, para una superficie de 751 hectáreas, agregó.

El acuerdo secretarial publicado el pasado 9 de julio, que le otorga a esa dependencia “para su administración” el predio antes citado, fue resultado de un proceso muy largo que inició en junio de 2008

Por su parte Castro Cosío señaló que en caso de que la minera esté resultando afectada con esta decisión, y acudiera a jurados internacionales para exigir indemnizaciones, una vez que durante años pagó derechos por su concesión minera en un sitio donde el mismo gobierno que le cobra, le niega ahora la posibilidad de desarrollar la actividad, hay “jurídica y moralmente capacidad para responder”.

Anunció que en un par de semanas habrá de convocar a la ciudadanía a una gran caravana hacia la sierra para asistir a la entrega de estas tierras a la CONANP por parte de la Sedatu, un hecho con el que los sudcalifornianos recuperan su patrimonio y un gran paso del que todos tenemos que estar orgullosos, según dijo.

La Paz, Baja California Sur.- En conferencia de prensa, el coordinador de programas federales, Víctor Castro Cosío, acompañado de los titulares de CONANP, Benito Bermúdez; de la Semarnat, Daniela Quinto Padilla, y de Felipe Morales, en su calidad de representante de la asociación denominada Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, celebró la decisión del gobierno de la república, que encabeza el presidente ,Andrés Manuel López Obrador, quien a través de la Sedatu acordó entregar a la CONANP “para su administración”, el predio Jesús María, ubicado dentro del Área Natural Protegida Sierra la Laguna, lo que según el funcionario protege a esta superficie de la megaminería tóxica, debido a que este sitio forma parte del área donde pretendía establecerse el proyecto minero Los Cardones.

MODIFICACIONES

Benito Bermúdez explicó que lo que sigue es hacer las modificaciones al Plan de Manejo de la Reserva Sierra la Laguna, para que a este predio Jesús María, que actualmente está dentro de la zona de amortiguamiento, se le defina un nuevo destino y deje de ser subzona especial para convertirse en zona de preservación, y con ello dar garantía de que no se realizarán ahí actividades extractivas.

Entre tanto, de cualquier forma, ninguna minera podrá operar en éste ni en los otros dos terrenos nacionales denominados La Junta y El Encantado, porque son terrenos nacionales, y están en poder de la Sedatu, y porque la CONANP jamás daría una opinión favorable a favor de la minería, dijo el funcionario.

Según el delegado de la CONANP, Benito Bermúdez, el acuerdo secretarial publicado el pasado 9 de julio que le otorga a esa dependencia “para su administración” el predio antes citado, fue resultado de un proceso muy largo que inició en junio de 2008, que finalmente fue acelerado por instrucciones del presidente ,López Obrador, logrando que en tres semanas se cotejaran todos los procedimientos técnicos y jurídicos respecto a ese predio y a otros dos denominados La Junta y El Encantado, resultando que los tres son terrenos nacionales, y que habían sido “usurpados de manera irregular por manos ajenas a Baja California Sur”.

VALOR HISTÓRICO

Señaló que los sudcalifornianos caímos en la posibilidad de perder ese territorio, mismo que tiene un valor histórico y ambiental de gran importancia en materia de generación de agua; La Junta y El Encantado también son terrenos nacionales que están solicitados desde hace 11 años por la CONANP, para una superficie de 751 hectáreas, agregó.

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Por su parte Castro Cosío señaló que en caso de que la minera esté resultando afectada con esta decisión, y acudiera a jurados internacionales para exigir indemnizaciones, una vez que durante años pagó derechos por su concesión minera en un sitio donde el mismo gobierno que le cobra, le niega ahora la posibilidad de desarrollar la actividad, hay “jurídica y moralmente capacidad para responder”.

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