La tarde del lunes 21 de enero, Articulo 19 emitió a través de sus medios oficiales una alerta para Baja California Sur, y a través de un tuit anunció que el asesinato del periodista Rafael Murúa es el primero registrado en lo que va del 2019 y que este mismo hecho exhibe la ineficacia de las autoridades en la protección e investigación de crímenes a periodistas.
En el comunicado informan que Rafael ya había recibido agresiones por su labor de comunicador desde 2017, por lo tanto pertenecía al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la cual recibió medidas de infraestructura en su domicilio, así como un botón de asistencia que no se terminaban de instalar.
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También condenaron el comunicado emitido por parte de la Procuraduría de Baja California Sur, “que señala y enfatiza el presunto hallazgo de marihuana al encontrar el cuerpo de Rafael Murúa. Este pronunciamiento constituye un discurso oficial estigmatizante, tendiente a criminalizarlo y omite la calidad periodística de Murúa, así como las amenazas de las que estaba siendo víctima con pleno conocimiento del estado”, además de señalar inconsistencias en la investigación que revelan “falta de rigurosidad y una violación al derechos de los familiares del periodista a saber la verdad”.
Exige
Por último, exige al gobierno de Baja California Sur y a las autoridades municipales de Mulegé a cumplir con las recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que ejerza su facultad investigar con diligencia y eficiencia, tomando su labor periodística como principal la línea de investigación; y finalmente al Mecanismo Federal de Protección, exige rendir cuentas sobre su actuación y omisión generadas en el caso.
