La Paz, Baja California Sur.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur realizó la actualización de la lista de agresores por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Lee: Sancionan a líder estatal de Morena por violencia política de género
Entre los nombres se encuentran figuras como Alberto Rentería Santana, quien anteriormente se desempeñaba como presidente del comité ejecutivo estatal de Morena en Baja California Sur, actualmente es delegado con funciones de presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Además, de Rentería Santana, figura en la lista Fernando Lozano Espinoza y los comunicadores Juan Carlos Méndez Pérez, Lucio Espinoza Chavira, Ángel Piedra Villegas, Vicente Gerardo Zúñiga, Issis Yedirh García García, Alejandra Fernández Arriola, Diego Alejandro Soto Grabado y Erik Iván Murillo Mendoza.
El presidente del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, Alejandro Palacios Espinoza, resaltó que todas las denuncias relacionadas con posibles violaciones políticas de género han sido atendidas por la institución electoral. Aunque actualmente son pocas, anticipó que se espera un aumento en el número de casos conforme avancen las campañas para las elecciones del 2 de junio.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
"El IEE atiende todas las denuncias que se presentan a través de la dirección de quejas se inicia un procedimiento conforme lo señala la ley y es el Tribunal el que dictamina en determinado momento yo creo que si se está atendiendo bien, en general todos los casos que llegan al Instituto Estatal electoral se atienden y los que procede enviarse a la autoridad jurisdiccional se envía y es quien determina si hay alguna sanción o no, ahí se equivoca la extitular se están atendiendo"
De acuerdo al Instituto Electoral del Estado (IEE), la violencia política contra las mujeres abarca cualquier acción o inacción, incluida la tolerancia, que se base en género y se realice tanto en ámbitos públicos como privados, con el propósito de limitar, anular o menoscabar sus derechos políticos y electorales, así como su acceso al ejercicio pleno de sus funciones, la toma de decisiones, la libertad de organización y las prerrogativas. El código electoral establece que aquellos que perpetren este tipo de violencia estarán registrados como agresores.