Visión Empresarial

Intolerable la violencia en contra de conductores de aplicaciones en Los Cabos; operativos y trabas de autoridades deben cesar.

Estimados lectores, esta semana abordaremos el tema sobre la creciente violencia que se ha desatado en Los Cabos en contra de conductores de las aplicaciones digitales, con hechos lamentables como los que se han difundido públicamente en días recientes; además, hablaremos de las constantes trabas y operativos que autoridades de dicho municipio aplican a los locales que se autoemplean mediante plataformas digitales.

Desde que Uber y otras aplicaciones de movilidad privada comenzaron a ofrecer la contratación de viajes en Los Cabos, el gobierno municipal, encabezado por Armida Castro Guzmán, se ha quedado de brazos cruzados ante múltiples hechos de violencia que medios de comunicación y redes sociales han registrado. No nada más hacia los cabeños que manejan estas aplicaciones, sino, en contra de turistas que visitan la ciudad.

POLARIZACIÓN EN EL TRANSPORTE

Los constantes operativos y hostigamiento en contra de un servicio no regulado (y por lo tanto no prohibido), ha generado una polarización en los ecosistemas de transporte de la ciudad, que ha tenido como resultado lamentables situaciones como las ocurridas recientemente. Si bien las autoridades no son los responsables directos de los hechos violentos que han acontecido, si son corresponsables al propiciar una narrativa que criminaliza y antagoniza el desarrollo de una actividad económica, que ha demostrado ser bien recibida por la gran mayoría de los sudcalifornianos.

Por otro lado, en los últimos años hemos visto cómo la Ley de Movilidad de diversos estados del país se ha modificado con la finalidad de regular aplicaciones digitales que ofrecen la mediación para contratar viajes de transporte privado. Si bien, normalmente se busca promover leyes que favorecen la innovación y la creación de oportunidades a través de la tecnología, existen casos en los que se hacen a un lado las necesidades económicas y de movilidad de la población para privilegiar los intereses de una minoría.

CONGRESO DE BCS

Por desgracia, el Congreso de Baja California Sur ha optado por la inacción, desechando sin discusión la única iniciativa de ley que se ha presentado en la materia, optando por la defensa de grupos de interés que buscan perpetuarse en detrimento del resto de la población.

Esta situación se da en un contexto de violencia y de absoluta carencia de opciones de movilidad sustentables o asequibles para los habitantes de Los Cabos. Cabe señalar, que de acuerdo con información publicada por múltiples medios de comunicación, el transporte en Los Cabos, principal destino turístico de Baja California Sur, es de los más caros del país, con tarifas que pueden sobrepasar los $1,500.00 MXN por un traslado del aeropuerto a la zona hotelera, precio casi equivalente al de un vuelo de Los Cabos a la Ciudad de México.

FALTA REGULACIÓN

Los operativos del Gobierno de Los Cabos son ilegales, ya que a la fecha no existe una regulación para Empresas de Redes de Transporte. Lo que se está viviendo es un ataque ilegítimo por parte del gobierno local a sus ciudadanos, a nadie más.

Desde la COPARMEX hacemos un llamado al Congreso del Estado para legislar en la materia y a las autoridades de Los Cabos a reflexionar, a mirar hacia adelante y a buscar un punto de encuentro entre todos los actores de la movilidad de la ciudad, para frenar la violencia y dejar de afectar a ciudadanos y visitantes.