/ domingo 31 de mayo de 2020

Viene al caso...

Tenemos fundada certeza, avalada por el conocimiento histórico, de que, antes de la extinción del género humano, la ciencia le proporcionará el antídoto que habrá de poner a los supervivientes en condiciones de asumir la otra normalidad que espera detrás de la actual, fatal y totalmente imprevista calamidad.

Sin embargo, llegado el momento de aplicar los nuevos elementos de protección contra la enfermedad, será preciso asumir otras prevenciones de las que seguramente el sector encargado de cuidar la salud personal y pública habrá de alertar con la debida oportunidad.

Valga aquí expresar a los servidores todos de ese sector, el reconocimiento que debe merecernos su desprendida actitud frente a la crisis, con altruismo aun con riesgo de su propia seguridad, para proveernos los medios de sortearla de la mejor manera posible, como en la mayor parte de los casos ha ocurrido.

La mejor prueba es que seguimos aquí.

Viene al caso un acontecimiento de mediados del siglo XIX sudcaliforniano, en que el afán protagónico de un jefe político causó una tragedia mayor que el padecimiento que suponía combatir.

Y es que el protagonismo de los funcionarios públicos les da para todo: inaugurar obras de todo tipo, propias o ajenas, coronar reinas, dar el pistoletazo de salida a torneos de pesca y muchas cosas más que hacen con dinero público, incluyendo, claro está, iniciar campañas en que se atreven a aplicar la vacuna respectiva a la primera inocente criatura que tan ingenua como comedidamente les acercan.

Ésta es una costumbre tan antigua en Baja California Sur, que de ella existe noticia desde 1844, año en que el coronel L. Maldonado se hizo cargo temporalmente de la jefatura política y de la comandancia militar. Fue tan breve su administración (entre las de Mariano Garfias y Francisco Palacios Miranda) que don Pablo L. Martínez la omite en su conocida obra, y apenas la hallamos consignada en los Apuntes históricos de Baja California, de don Manuel Clemente Rojo.

Y he aquí una breve acotación para anunciar que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, por conducto de su departamento de Difusión Cultural, recién ha publicado y presentará la tercera edición que preparó este cronista de dicha obra, en cuanto las condiciones sanitarias lo hagan posible. Es un texto fundamental para entender, de la manera más amena, muchos aspectos de la vida peninsular californiana en una época interesante de su evolución, como todas las demás, que los devotos podrán disfrutar quizás antes de que termine esta primera mitad de 2020.

El asunto es que, a principios de ese mismo 1844 se abatió sobre la población de La Paz una epidemia de viruela. El señor Maldonado mandó traer vacuna de Mazatlán y él mismo se puso a aplicarla, junto con el juez de primera instancia don Francisco Lebrija, a los vecinos que acudieron voluntaria y gustosamente para recibirla, con el resultado de que al poco tiempo éstos fueron atacados por la fatal enfermedad, y en vista de que los demás se rehusaron a recibir la inoculación, el gobernante hizo que se los llevaran a la fuerza, y así “los vacunaba y los despachaba para que fueran a morir a los pocos días después de la operación; no hubo uno solo que escapara...”

El procedimiento era el siguiente: Los funcionarios ensartaban en una aguja gruesa un poco de algodón humedecido en el pus que supuestamente provocaría la inmunización y, acto seguido, “como quien cose un lienzo, pasaban esta aguja entre cuero y carne del vacunado; cortaban el pabilo dejándole la mecha adentro y, a los pocos días, alma a la eternidad.”

El gobernador (1858) Ramón Navarro Castro, informante del señor Rojo, añade que “cuando comenzó la operación de la vacuna había en este puerto más de 600 almas, y después no quedaron arriba de 200.”

Verdadera mortandad en que no estuvo incluido el señor Maldonado, hombre muy irascible, pues falleció al poco tiempo de “un accidente provocado por la misma cólera y cayó al suelo quedando muerto en el acto.”

De manera que, en virtud de tan fatal experiencia, los servidores públicos harán bien en dejar toda labor relativa a la salud en manos de los directos responsables de atenderla, que son quienes saben hacer su trabajo, al margen de exhibicionismos y fotos para acompañar los boletines de prensa.

Tenemos fundada certeza, avalada por el conocimiento histórico, de que, antes de la extinción del género humano, la ciencia le proporcionará el antídoto que habrá de poner a los supervivientes en condiciones de asumir la otra normalidad que espera detrás de la actual, fatal y totalmente imprevista calamidad.

Sin embargo, llegado el momento de aplicar los nuevos elementos de protección contra la enfermedad, será preciso asumir otras prevenciones de las que seguramente el sector encargado de cuidar la salud personal y pública habrá de alertar con la debida oportunidad.

Valga aquí expresar a los servidores todos de ese sector, el reconocimiento que debe merecernos su desprendida actitud frente a la crisis, con altruismo aun con riesgo de su propia seguridad, para proveernos los medios de sortearla de la mejor manera posible, como en la mayor parte de los casos ha ocurrido.

La mejor prueba es que seguimos aquí.

Viene al caso un acontecimiento de mediados del siglo XIX sudcaliforniano, en que el afán protagónico de un jefe político causó una tragedia mayor que el padecimiento que suponía combatir.

Y es que el protagonismo de los funcionarios públicos les da para todo: inaugurar obras de todo tipo, propias o ajenas, coronar reinas, dar el pistoletazo de salida a torneos de pesca y muchas cosas más que hacen con dinero público, incluyendo, claro está, iniciar campañas en que se atreven a aplicar la vacuna respectiva a la primera inocente criatura que tan ingenua como comedidamente les acercan.

Ésta es una costumbre tan antigua en Baja California Sur, que de ella existe noticia desde 1844, año en que el coronel L. Maldonado se hizo cargo temporalmente de la jefatura política y de la comandancia militar. Fue tan breve su administración (entre las de Mariano Garfias y Francisco Palacios Miranda) que don Pablo L. Martínez la omite en su conocida obra, y apenas la hallamos consignada en los Apuntes históricos de Baja California, de don Manuel Clemente Rojo.

Y he aquí una breve acotación para anunciar que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, por conducto de su departamento de Difusión Cultural, recién ha publicado y presentará la tercera edición que preparó este cronista de dicha obra, en cuanto las condiciones sanitarias lo hagan posible. Es un texto fundamental para entender, de la manera más amena, muchos aspectos de la vida peninsular californiana en una época interesante de su evolución, como todas las demás, que los devotos podrán disfrutar quizás antes de que termine esta primera mitad de 2020.

El asunto es que, a principios de ese mismo 1844 se abatió sobre la población de La Paz una epidemia de viruela. El señor Maldonado mandó traer vacuna de Mazatlán y él mismo se puso a aplicarla, junto con el juez de primera instancia don Francisco Lebrija, a los vecinos que acudieron voluntaria y gustosamente para recibirla, con el resultado de que al poco tiempo éstos fueron atacados por la fatal enfermedad, y en vista de que los demás se rehusaron a recibir la inoculación, el gobernante hizo que se los llevaran a la fuerza, y así “los vacunaba y los despachaba para que fueran a morir a los pocos días después de la operación; no hubo uno solo que escapara...”

El procedimiento era el siguiente: Los funcionarios ensartaban en una aguja gruesa un poco de algodón humedecido en el pus que supuestamente provocaría la inmunización y, acto seguido, “como quien cose un lienzo, pasaban esta aguja entre cuero y carne del vacunado; cortaban el pabilo dejándole la mecha adentro y, a los pocos días, alma a la eternidad.”

El gobernador (1858) Ramón Navarro Castro, informante del señor Rojo, añade que “cuando comenzó la operación de la vacuna había en este puerto más de 600 almas, y después no quedaron arriba de 200.”

Verdadera mortandad en que no estuvo incluido el señor Maldonado, hombre muy irascible, pues falleció al poco tiempo de “un accidente provocado por la misma cólera y cayó al suelo quedando muerto en el acto.”

De manera que, en virtud de tan fatal experiencia, los servidores públicos harán bien en dejar toda labor relativa a la salud en manos de los directos responsables de atenderla, que son quienes saben hacer su trabajo, al margen de exhibicionismos y fotos para acompañar los boletines de prensa.

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