Gobernar bajo un régimen democrático, implica no sólo ser legitimado a través de un proceso electoral, sino también, ejercer el poder delegado por los ciudadanos, con apego al marco jurídico que regula las relaciones entre el gobierno y la sociedad. En un sentido estricto, se estaría cumpliendo básicamente con el quehacer desde el gobierno, habida cuenta el reconocimiento a la supremacía constitucional y de las leyes que dimanan de la propia Carta Magna.
Lo anterior, garantiza la gobernabilidad, en el sentido de preservar la estabilidad social y la seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos. Garantiza el Estado de Derecho, y la armonía entre los agentes económicos y sociales, en la perspectiva de consolidar una sociedad que asume sus obligaciones y hace valer sus prerrogativas civiles, políticas y sociales, como parte consustancial de una sociedad democrática.
En esta misma dirección, la gobernanza es el plus de un buen gobierno; gobernanza entendida como la adecuada comunicación entre el gobierno y la sociedad, privilegiando el diálogo permanente con todos los actores sociales para resolver conflictos, para construir consensos y acuerdos, y garantizar una sociedad informada, con transparencia y rendición de cuentas, es decir, donde lo público sea cada vez más público.
Nunca más, gobiernos encapsulados o encerrados en un auténtico búnker, donde el pueblo esté ausente en la agenda gubernamental; nunca más gobiernos ciegos y sordos, más preocupados por los negocios realizados al amparo del poder público y al derroche, adictos a la parafernalia y a la arrogancia, rasgos que los alejan de la tarea sustantiva para fortalecer buenos gobiernos cercanos a la gente y para la gente.
Orientados en una nueva perspectiva del bien gobernar, se trata también de restaurar la centralidad de la política, no como parcela exclusiva de una clase, sino como una actividad o disciplina que refuerce la participación de toda la sociedad; dignificar su ejercicio, es tarea impostergable, asumiendo que la política de suyo no es perniciosa como lo han hecho creer, sino que, por el contrario, es una herramienta de las ciencias sociales que alienta la convivencia pacífica aún en la pluralidad ideológica.
Se trata también, de restaurar la dimensión ética de la política, desterrando el cinismo, la corrupción y el peso de los poderes fácticos, que procure los equilibrios en el tejido social, construyendo una ciudadanía activa, propositiva y participativa en los procesos políticos y sociales de sus comunidades y de su propio país.
Asimismo, restaurar la dimensión territorial de la política, haciendo que el gobernante trabaje a ras del suelo, fundiéndose con el pueblo, porque del pueblo viene.
Estos tres elementos intrínsecos de la política, dan sentido a la gobernanza, ausente durante muchas décadas en el ejercicio de gobierno, y que se hace indispensable recuperar para reconquistar la confianza ciudadana en las instituciones y en sus dirigentes.
Así, el cambio de paradigma en la forma de gobernar es posible, y se puede avanzar en el ideal de una profunda transformación de la vida pública, con gobiernos del pueblo y para el pueblo. Condición sine qua non para lograr la tan anhelada democracia, donde la gobernanza sea el eje vertebrador o vaso comunicante, entre el gobierno y la sociedad.
En este largo caminar y de diálogo sustantivo con los habitantes de nuestra media península, el reclamo está presente; se alzan las voces exigiendo sensibilidad y buen trato; se demanda atención y que la voz de los sin voz, sea escuchada. Tienen mucho que decir y mucho que aportar. Sólo así, con empatía y confianza política, podremos reconstruir el puente, en ocasiones roto, en ocasiones obstruido, de la buena gobernanza, como principio y premisa fundamental de un gobierno transformador.
En ello hemos empeñado nuestros esfuerzos; esfuerzos que vienen de lejos, porque estamos convencidos de que sí es posible el cambio verdadero, como catapulta para lograr un desarrollo con justicia y dignidad.
