Desde la Redacción
La división llevó a una denuncia penal y acusaciones mutuas; ahora, los ojos de los ciudadanos están centrados en las auditorías que puedan darse por los malos manejos que se han manejado
Nunca el Poder Legislativo había estado inmerso en una situación tan delicada y tan caótica como la que hemos visto en los últimos meses, la cual no sólo afecta la imagen de la institución como uno de los poderes de gobierno sino que además podría tener efectos sumamente negativos para algunos de sus integrantes, quienes podrían estarse beneficiando de manera indebida con los recursos económicos de dicho poder.
El divisionismo que existe entre los diputados ha llegado a niveles inimaginables y esto ha propiciado ataques mutuos, con los que han salido a la luz pública temas que eran acuerdos de apoyo mutuo y el ejemplo más claro de esto lo tenemos con las partidas especiales que recibían para poder realizar “actividades sociales”.
Con anterioridad se mencionó en este espacio que diputados sudcalifornianos históricamente han asumido el papel de benefactores de la sociedad, lo que es una labor que no deben ejercer porque ése no es su trabajo y mucho menos, si tomamos en cuenta que el dinero que usan para estas dádivas no proviene de su sueldo sino de partidas especiales. Otra cosa sería que cada legislador decidiera dar un poco de lo que gana a personas que lo necesiten, pero la cosa no es así en realidad.
El tema es que las ambiciones personales, aunadas a las del grupo al que pertenecen y, lo que es peor, la absoluta carencia del “colmillo” que se requiere para el ejercicio político, terminaron por crear un conflicto interno infranqueable o muy difícil de superar, el cual, sin embargo, podría tener grandes beneficios para la sociedad porque esto podría terminar por exhibir un posible oscuro e indebido manejo de los dineros.
Luego del cruento choque surgido entre los diputados, el cual se dio a raíz de que algunos de ellos trataron de quitarle a Ramiro Ruiz Flores la presidencia de la Comisión de Cuenta y Administración, las cosas empeoraron hasta llegar a una larga denuncia penal que dicho legislador presentó en contra de Milena Quiroga, Homero González, Petra Juárez, Lineth Montaño, Perla Flores, Rigoberto Murillo, Rosalba Rodríguez, Humberto Arce, Soledad Saldaña, Marcelo Armenta, Mercedes Maciel y Esteban Ojeda, a quienes acusó de fraude, ejercicio ilícito del servicio público, administración fraudulenta, coalición de servidores públicos, falsedad de servidores públicos, usurpación de funciones públicas, falsificación o alteración y uso indebido de documentos y falsificación o alteración y uso indebido de documentos equiparado.
En el grupo de los demandantes tenemos también a Carlos Van Wormer, Daniela Rubio, Maricela Pineda, José Luis Pérpuli, Ana Beltrán, Elizabeth Rocha, Héctor Ortega y Sandra Moreno, quienes hablaron de una sesión privada en la que los acusados decidieron cambiar al presidente, sin tomar en cuenta los fundamentos legales o la causa justificada que esta decisión requiere.
Asimismo surgió un supuesto delito de peculado por 337 mil pesos, el cual fue un recurso que se debió destinar a la realización de diversos foros sobre la ley de movilidad, los cuales debieron ser entregados por Rigoberto Murillo Aguilar a la empresa que prestó dichos servicios, pero -así se manifestó- esta entrega no ocurrió.
En este penoso tema tenemos que Murillo Aguilar se defendió diciendo que el recurso fue cobrado por José Luis Ayala Yamuni, quien es secretario particular de Ramiro Ruiz Flores y advirtió que su firma habría sido falsificada, motivo por el que él también acudiría a presentar una denuncia penal y lo que se antoja más interesante es que, aunado a lo anterior, dijo que dará inicio a una auditoría interna en la que saldrán a relucir los malos manejos que se han realizado dentro de la actual Legislatura. En este punto debemos mencionar que Ayala Yamuni dijo que el mismo diputado (Rigoberto Murillo) le pidió que cambiara el cheque y después de hacerlo efectivo había regresado a su oficina y le había entregado el dinero en efectivo, añadiendo que le había firmado un documento del movimiento.
Se debe aclarar que por su parte Milena Quiroga dijo que la decisión de remover a Ramiro Ruiz se había dado por los malos manejos que se han estado dando, pero al parecer esta situación tendrá mayores alcances ya que los rumores que han estado surgiendo con este choque de diputados “embarra” a personajes que están dentro de dos bandos en conflicto.
Habrá que esperar a ver cuáles son los resultados finales que se tienen con las auditorías o las revisiones que se hagan, porque la versiones y acusaciones que están surgiendo y manejan supuestos “conflicto de intereses” dentro del Poder Legislativo siguen subiendo de tono y estos datos podrían terminar por dejar muy mal parados a algunos legisladores, los cuales, por cierto, en términos generales se han empeñado y se han dado a la tarea de mostrar una imagen de ser buenas gentes, agarrados sobre todo del efecto electoral que tuvo en las urnas el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Siendo objetivos hemos sido testigos de un trabajo legislativo muy áspero y precario; los vemos, a la mayoría de ellos, actuar de manera incisiva y, como si todavía anduvieran en campaña, manejar con mucha insistencia y gran facilidad el tema de la corrupción, han hecho señalamientos a diestra y siniestra pero esto al parecer lo hacen para tratar de justificar su desempeño, porque por otro lado los vemos muy preocupados por difundir la imagen de políticos caritativos, ya que no es extraño verlos dando a conocer su presencia en colonias humildes donde andan entregando apoyos y los más aventurados o interesados se muestran organizando fiestas y posadas con gentes necesitadas, pero a ver si más tarde estos mismos diputados no salen “raspados” por haber participado en algún movimiento deshonesto dentro del aparato legislativo.
