Los siguientes son algunos fundamentos básicos que validan el hecho de que sean incluidos la promoción y los servicios culturales en todo programa de gobierno, del rango que fuere.
UNESCO. Como se lee en un fragmento de la Declaración de México en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, que fue suscrita por 126 países miembros de la UNESCO en agosto de 1982, la cultura "procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. No puede ser privilegio de élites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus beneficios. La democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que concierne a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma."
CONSTITUCIONES GENERAL Y ESTATAL. La producción y el disfrute de la vida intelectual, artística y académica es un derecho individual y social establecido por la Constitución General de la República en su artículo 4o. párrafo 9o., y en la Constitución Política de Baja California Sur mediante los artículos 19 y 79, desde su promulgación.
POLÍTICA CULTURAL. Puede entenderse por política cultural a la expresión de la voluntad de cualquier organismo social para asumir su competencia frente a los hechos y fenómenos de la cultura.
Una política cultural, de la instancia que sea, en principio tendrá que considerar superados los tiempos en que una manipulada miopía hacía concebir a la cultura como gala, condición distintiva de unos respecto a otros, satisfacción de vanidades y entretenimiento de ociosos.
Por el contrario, es inherencia de la naturaleza humana y universo en el que todos por igual nos hallamos inmersos y comprometidos, y en el cual tenemos derecho pleno a participar, sin excepción.
Una política cultural congruente se rige por principios sustantivos pero se cumple mediante acciones y metas adecuadas a las nuevas realidades. Se reconoce como producto legítimo y coherente de la experiencia histórica nacional y regional y está orientada a propiciar y provocar la creación en los campos de la sensibilidad y del pensamiento en un ámbito irrestricto de libertad, democracia y justicia, ajena a cualquier forma de dirigismo oficial e imitación de valores opuestos a la propia colectividad.
Una política cultural consistente advierte que en el rescate, la investigación, la conservación, el incremento, la consolidación, difusión y defensa de los frutos culturales tienen significación protagónica los artistas, académicos e intelectuales.
Al mismo tiempo que promueve el incremento de los productos del arte y del intelecto en términos de cantidad, la política cultural debe buscar que se den también en función de calidad, que finalmente se revierte en la elevación de la calidad de vida de los individuos y del conglomerado social. Ha de estimular el aficionismo y alentar la profesionalización en la cultura, al margen de modelos impuestos por consideraciones mercantiles o de mediocridad, y animar la recreación en vez del simple entretenimiento.
Una política cultural realista debe descalificar el supuesto antagonismo y divorcio de la cultura con la economía, el turismo, la política, la ciencia y la técnica, pues además de que éstas son expresiones culturales, el quehacer cultural se nutre de ellas y las fortalece. Por eso resulta concordante que los beneficios de la creatividad cultural estén vinculados estrecha y complementariamente a todo proyecto de desarrollo global de la sociedad, de modo que los resultados de la tarea cultural han de sumarse a los esfuerzos de productividad en todos los campos.
Es cierto que el último lugar en los presupuestos gubernamentales lo tiene la gestión cultural, y que es lo primero que se recorta en los programas de austeridad como el que sufrimos desde hace dos años y medio. Por ello la política estatal y municipal en materia de cultura debe fijarse mecanismos de financiamiento interno y externo. Con este criterio fueron creados los institutos nacionales, estatales y municipales de cultura para, de forma descentralizada, procurarse sus propios recursos.
Así es necesario que los individuos y organismos ocupados en el desarrollo cultural hagan uno o varios frentes solidarios para exigir definiciones claras y viables de política en tal dirección a todas las instancias (gobiernos, instituciones, organizaciones privadas) que tienen entre sus funciones o propósitos esa tarea; realizar un esfuerzo singular y múltiple de sensibilización pública respecto a la significación de la cultura en la existencia individual y social, el derecho que tenemos todos de participar en ella y el deber que los gobiernos, instituciones y organizaciones privadas tienen de apoyarla; intensificar los programas de educación artística, primordialmente hacia los niños y jóvenes, y lograr que el derecho a la cultura adquiera vigencia como lo disponen la UNESCO y las Constituciones políticas que rigen la vida nacional y estatal.
