Tras la intervención de Banco Bicentenario en 2014 y de Famsa el año pasado, se cuestiona entre los expertos la viabilidad del IPAB que comanda Gabriel Limón para cubrir a los ahorradores ante eventuales quiebras de otros bancos.
Dicho instituto ha realizado distintos ejercicios evaluatorios, entre ellos 12 planes de resolución o “testamentos en vida” y se cree que de momento no se visualiza un riesgo sistémico que pueda involucrar a cualquiera de los 11 bancos con mayor capital. Además si fuera el caso, la opción no sería la liquidación, sino el saneamiento, menos oneroso.
Luis Maldonado secretario adjunto jurídico y Vicente Vargas director de vinculación del IPAB hacen ver también que la propia ley contempla en sus artículos 46 y 47 mecanismos de emergencia para obtener financiamiento con la banca o bien recursos fiscales de ser necesario.
Hasta abril el fondo del instituto asciende a 43,400 mdp. Este varía dada la aportación del 0.04% de los ingresos de los bancos, las ofertas de deuda y la recuperación de activos.
En Bicentenario que encabezaba Ignacio Landa se pagó a 300 de los 682 depositantes garantizados, o sea aquellos con ahorros por 400,000 UDIS (2.7 millones de pesos). A 342 no se les cubrió, porque dado el origen como unión de crédito del banco, eran accionistas y la ley los excluye. Hubo que librar 64 amparos y dos siguen vigentes.
El expediente de Famsa de Humberto Garza con 357 sucursales, 13,000 empleados y 630,000 ahorradores ha resultado más complejo. Con un índice de capital de 4.5%, pero sobre todo por las irregularidades fue una intervención judicial. De hecho está por salir la sentencia de reconocimiento de acreedores con toda la cadena de involucrados.
El IPAB ya saldó a los ahorradores 25,700 mdp. Cierto se ha vendido cartera y activos para recuperar algo e igual se han tenido que enfrentar diferencias legales con 2,550 inversionistas, que además buscaron que el Senado elevara de forma retroactiva la protección para colocar a la cabeza de la prelación a los acreedores comunes.
La absurda iniciativa fue encabezada por los senadores morenistas Alejandro Armenta y Ovidio Peralta. Hasta el próximo gobernador de NL, Samuel García pretendía duplicar la protección a 800,000 UDIS, arriba de EU y la UE.
