No es la primera vez que la industria automotriz enfrenta un proceso de regularización de autos usados que llegaron a México de forma ilegal desde EU, dado que dicha medida se ha convertido en una herramienta de concesión política.
Como se sabe, el presidente Andrés Manuel López Obrador está por publicar un nuevo decreto. Inició como una concesión al gobernador de BC, Jaime Bonilla, pero para sorpresa se amplió a toda la frontera.
El momento para los fabricantes y distribuidoras no puede ser el más desafortunado. En 2020 el mercado cayó 28% y apenas se vendieron 949 mil 359 unidades, la cifra más baja desde 2012, y en este 2021 hasta julio la venta mensual está a años luz del 2019.
Aunque AMIA de José Zozaya, AMDA que preside Guillermo Prieto y que lleva Guillermo Rosales, ANPACT a cargo de Enrique Elizalde e INA de Oscar Albin ya anticipaban algo y habían hecho diversas gestiones, obvio hubo que redoblar el cabildeo y ya se logró que Economía de Tatiana Clouthier convoque a una reunión intersecretarial que permita externar sus preocupaciones por un proceso sin control.
Atrás de la supuesta ayuda a muchos mexicanos para que tengan un vehículo, está un negocio de los mal llamados “autos chocolate” que controla un selecto grupo de comercializadores y que traen vehículos de más de 12 años de antigüedad con pingues ganancias.
El peor precedente de una regularización sin reglas se tuvo con Vicente Fox en 2005. En unos meses llegaron un millón 500,000 autos. Felipe Calderón también accedió a la aprobación de lo ilegal aunque de forma más acotada.
Se espera que la reunión con Economía sea esta semana. Se parte de que el presidente ya no dará marcha atrás, pero se busca que al menos se den ciertas reglas para atenuar el impacto.
Se espera la participación de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, Semarnat de María Luisa Albores, Aduanas de Horacio Duarte y la Secretaría de Seguridad que lleva Rosa Icela Rodríguez. Veremos los logros.
EMA en la mira, UIF por evasión y 9 implicados
No es ningún secreto que el gobierno trae en la mira a la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) tras de recibir diversas denuncias. Ya ha trascendido que la UIF de Santiago Nieto realiza una investigación. Según esto hay irregularidades financieras, evasión y corrupción en el quehacer para emitir las licencias a las empresas certificadoras de normas. Las acusaciones comprometerían a Maribel López su actual directora general. También se involucra a la ex subsecretaria de Economía Rocío Ruiz Chávez, a María Eugenia Bracho ex timón de Profeco y Alberto Esteba Marina, ex director de normas. También se indaga a algunos miembros del consejo directivo incluido su presidente Mario Gorena, su vicepresidente José de Jesús Rodríguez, el tesorero Octavio García Méndez y a Francisco Martha Hernández secretario y Mauricio García Perera pro secretario. Los ingresos de EMA al mes de julio superan los 161 mdp. Se asegura que el asunto va muy en serio.
Airbnb y otros sólo 9.8% de noches reservadas
Y en medio de la debacle que enfrenta el turismo, mañana The Competitive Intelligence Unit que comanda Ernesto Piedras presentará un estudio acerca de la contribución de las estancias de corto plazo (ECP) donde se incluye a firmas como Airbnb, Expedia o Booking.com. Este segmento de negocios pese a todo ha crecido. Significa unos 95,806 mdp y genera 31,000 empleos. Sin embargo con 330,000 espacios disponibles apenas es el 9.8% de las noches de habitación reservadas en el país.
