/ lunes 3 de junio de 2019

Moribundo

El PRI ha comenzado su penoso viaje a la atomización y, posiblemente, a la irrelevancia. Las elecciones de ayer demuestran la magnitud de la crisis: de liderazgo, de identidad, de ideología, de cuadros, de penetración electoral.

Los resultados del 2018 fueron el inicio de su descenso terminal. No fue una derrota: fue una catástrofe. La misma se resume en el siguiente simbolismo: el PRI perdió hasta en Atlacomulco.

El poder del tricolor se redujo a los huesos: bancadas raquíticas, reducción de gubernaturas, pérdidas masivas de congresos y municipios.

Aún en la semana previa a los comicios celebrados ayer, el fantasma de la corrupción le perseguía: la orden de aprehensión contra Lozoya, la expulsión de César Duarte, los señalamientos contra Roberto Sandoval por ligas con el narco, la crisis de los hospitales abandonados, la detención de Bárbara Botello.

El cúmulo de delitos amenazaba al CEN con convertirlo ya no en una dirigencia (sic) sino en una defensoría de oficio.

Claro, en política no hay casualidades. Los asuntos estallan cuando conviene pero, más allá de la intencionalidad, está la responsabilidad real: todo habla de una cultura de gobierno propensa al abuso, a la ilegalidad, a la transa.

El PRI, desde su fundación en 1929, ha perdido sólo 3 elecciones presidenciales. En las dos anteriores, sin embargo, mantuvo su influencia: en las gubernaturas, en el Congreso federal.

Hoy no queda nada.

Su bancada en el Senado se redujo de 55 a 14: ninguno electo por mayoría y sólo 8 por primera minoría. En la Cámara de Diputados pasó de 205 a 47, de ellos sólo ganó 9 distritos.

Mantiene 12 gubernaturas, pero debilitadas: de ellas, sólo en un estado gobierna la capital -Saltillo- y sólo en 2 -Coahuila y Campeche- el gobernador posee mayoría simple en el Congreso estatal, que se diluye con las alianzas partidistas.

El PRI supo reinventarse tras el 2006. En esa elección, los gobernadores hicieron perder a su candidato, Roberto Madrazo, y dieron el triunfo a Felipe Calderón. De ahí surgieron dos lecciones: si el PRI quería volver a la presidencia, tenía que apuntalarse en su poder real, los gobernadores, y emprender una reforma generacional.

Hicieron ambas cosas.

A las gubernaturas llegó una nueva generación de jóvenes. No llegaron, sin embargo, los mejores jóvenes. La edad, por sí misma, no es virtud ni pecado. Así arribaron Enrique Peña, Javier Duarte, Humberto Moreira, Rodrigo Medina, Roberto Borge, César Duarte y un penoso etcétera.

Esa generación llegó con todos los vicios, aumentados, del pasado y casi ninguna de sus virtudes.

El pacto entre gobernadores para encumbrar a Peña explica dos fenómenos: la impunidad hiriente con respecto a los abusos que supuraban en los estados y el hecho de que el núcleo primario de poder que llegó a Los Pinos en 2012 importara los vicios de la política provinciana. De los verdaderamente cercanos a Peña ninguno tenía experiencia federal relevante ni dilatada. A sus vicios se sumaba un pecado mortal en política: la arrogancia.

Ese desgaste hizo que en un esfuerzo supremo por recuperar competitividad, el viejo partido de la revolución nominara a un no militante, con impecables credenciales de honestidad, experiencia y preparación: José Antonio Meade.

Fue demasiado tarde.

Después de la derrota, el partido quedó a la deriva. Sin conducción ni liderazgo, sin sensibilidad ni operación, el partido se dirige a su desfondamiento.

La renovación de su dirigencia, prevista para septiembre, se debate en torno a personajes y no a proyectos. El escenario de mayor probabilidad es que los gobernadores se impongan y en la pérdida de identidad termine succionado por Morena.

El partido no tiene una visión interna que lo reconstituya ni una externa para reconducir a México.

Su ideología del nacionalismo revolucionario le fue expropiada por Morena y sus afanes modernizadores les pertenecen a los gobernadores del PAN. El agravio de la corrupción es inabordable: no posee legitimidad, credibilidad y la complicidad lo inmoviliza.

La masificación define a su organización interna, que responde a un país que ya no existe.

El proceso actual interno habla, justamente, de su desconexión con la realidad. El PRI no requiere un cambio de dirigente. Requiere una reinvención.

Dar un salto al vacío representa, en ocasiones, la única posibilidad de vida o, al menos, la certeza de que se puede morir pronto y en paz.

@fvazquezrig

El PRI ha comenzado su penoso viaje a la atomización y, posiblemente, a la irrelevancia. Las elecciones de ayer demuestran la magnitud de la crisis: de liderazgo, de identidad, de ideología, de cuadros, de penetración electoral.

Los resultados del 2018 fueron el inicio de su descenso terminal. No fue una derrota: fue una catástrofe. La misma se resume en el siguiente simbolismo: el PRI perdió hasta en Atlacomulco.

El poder del tricolor se redujo a los huesos: bancadas raquíticas, reducción de gubernaturas, pérdidas masivas de congresos y municipios.

Aún en la semana previa a los comicios celebrados ayer, el fantasma de la corrupción le perseguía: la orden de aprehensión contra Lozoya, la expulsión de César Duarte, los señalamientos contra Roberto Sandoval por ligas con el narco, la crisis de los hospitales abandonados, la detención de Bárbara Botello.

El cúmulo de delitos amenazaba al CEN con convertirlo ya no en una dirigencia (sic) sino en una defensoría de oficio.

Claro, en política no hay casualidades. Los asuntos estallan cuando conviene pero, más allá de la intencionalidad, está la responsabilidad real: todo habla de una cultura de gobierno propensa al abuso, a la ilegalidad, a la transa.

El PRI, desde su fundación en 1929, ha perdido sólo 3 elecciones presidenciales. En las dos anteriores, sin embargo, mantuvo su influencia: en las gubernaturas, en el Congreso federal.

Hoy no queda nada.

Su bancada en el Senado se redujo de 55 a 14: ninguno electo por mayoría y sólo 8 por primera minoría. En la Cámara de Diputados pasó de 205 a 47, de ellos sólo ganó 9 distritos.

Mantiene 12 gubernaturas, pero debilitadas: de ellas, sólo en un estado gobierna la capital -Saltillo- y sólo en 2 -Coahuila y Campeche- el gobernador posee mayoría simple en el Congreso estatal, que se diluye con las alianzas partidistas.

El PRI supo reinventarse tras el 2006. En esa elección, los gobernadores hicieron perder a su candidato, Roberto Madrazo, y dieron el triunfo a Felipe Calderón. De ahí surgieron dos lecciones: si el PRI quería volver a la presidencia, tenía que apuntalarse en su poder real, los gobernadores, y emprender una reforma generacional.

Hicieron ambas cosas.

A las gubernaturas llegó una nueva generación de jóvenes. No llegaron, sin embargo, los mejores jóvenes. La edad, por sí misma, no es virtud ni pecado. Así arribaron Enrique Peña, Javier Duarte, Humberto Moreira, Rodrigo Medina, Roberto Borge, César Duarte y un penoso etcétera.

Esa generación llegó con todos los vicios, aumentados, del pasado y casi ninguna de sus virtudes.

El pacto entre gobernadores para encumbrar a Peña explica dos fenómenos: la impunidad hiriente con respecto a los abusos que supuraban en los estados y el hecho de que el núcleo primario de poder que llegó a Los Pinos en 2012 importara los vicios de la política provinciana. De los verdaderamente cercanos a Peña ninguno tenía experiencia federal relevante ni dilatada. A sus vicios se sumaba un pecado mortal en política: la arrogancia.

Ese desgaste hizo que en un esfuerzo supremo por recuperar competitividad, el viejo partido de la revolución nominara a un no militante, con impecables credenciales de honestidad, experiencia y preparación: José Antonio Meade.

Fue demasiado tarde.

Después de la derrota, el partido quedó a la deriva. Sin conducción ni liderazgo, sin sensibilidad ni operación, el partido se dirige a su desfondamiento.

La renovación de su dirigencia, prevista para septiembre, se debate en torno a personajes y no a proyectos. El escenario de mayor probabilidad es que los gobernadores se impongan y en la pérdida de identidad termine succionado por Morena.

El partido no tiene una visión interna que lo reconstituya ni una externa para reconducir a México.

Su ideología del nacionalismo revolucionario le fue expropiada por Morena y sus afanes modernizadores les pertenecen a los gobernadores del PAN. El agravio de la corrupción es inabordable: no posee legitimidad, credibilidad y la complicidad lo inmoviliza.

La masificación define a su organización interna, que responde a un país que ya no existe.

El proceso actual interno habla, justamente, de su desconexión con la realidad. El PRI no requiere un cambio de dirigente. Requiere una reinvención.

Dar un salto al vacío representa, en ocasiones, la única posibilidad de vida o, al menos, la certeza de que se puede morir pronto y en paz.

@fvazquezrig

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