/ lunes 10 de agosto de 2020

Momento Corporativo | La Comer, ¿recuerdan los derivados?

En el 2013, México dio un paso muy importante y en la dirección correcta a través de la reforma energética. Si en el proceso de aprobación hubo presuntos casos de corrupción, como sobornos, pues que se denuncien, comprueben y sancionen.

Las aclaraciones pertinentes, al igual que la verdad jurídica en el caso Lozoya, pueden ayudar mucho a avanzar en el reto del Estado democrático de derecho en México. Sin embargo, nada tiene qué ver con ese propósito el uso mediático de este tipo de expedientes para desacreditar en bloque a una gran reforma, con méritos inherentes y resultados sobresalientes en el corto tiempo de su implementación.

Hay que recordar que esta reforma tuvo el antecedente de diversas propuestas e iniciativas de distintos sectores a lo largo de muchos años. El empresarial fue particularmente activo: desde tiempo atrás había la convicción de que México necesitaba ponerse al día en esta área estratégica para el desarrollo. De igual manera, hubo un amplísimo proceso de análisis y consulta, con mucho trabajo técnico de especialistas y representantes de diversos sectores. La discusión y la negociación en el Poder Legislativo fue intensa, con un gran debate en la opinión pública.

Fue una reforma profunda: con cambios constitucionales y un sólido andamiaje de ordenamientos jurídicos. Conllevó el fortalecimiento y la creación de varias instituciones para generar contrapesos y capacidades técnicas. Del sector hidrocarburos, el proceso renovador se extendió al eléctrico. Sobre todo, es totalmente falso que haya sido un fracaso.

Desde el inicio se vio el interés de inversionistas de todo el mundo, los cuales participaron en procesos abiertos que cambiaron la faz del sector, con transparencia y controles para prevenir la corrupción como no se habían visto nunca en México.

De hecho, la acusación de que el proceso dio espacio a la corrupción es completamente inconsecuente. Todo lo contrario, por los mismos ejes del cambio: superar el modelo cerrado, monopólico, opaco y destinado a la bancarrota que prevalecía. Así, se fomentó la competencia; la transparencia quedó establecida como principio activo en procesos abiertos de licitaciones, subastas y contratos; se determinó la separación de espacios de decisión y la creación de sistemas de regulación modernos. Hay que remarcarlo: énfasis en el desarrollo institucional y de capacidades técnicas.

Hay resultados puntuales. En electricidad se lograron récords entre los costos de generación más bajos del mundo a partir de las subastas, así como la instalación de más de 7.5 gigawatts de energía renovable y sistemas de potencia que están entre los más modernos del mundo.

En paralelo al desarrollo de un moderno y robusto mercado eléctrico mayorista, se comprometieron inversiones por más de 9 mil millones de dólares para construir unas 65 centrales de energía limpia, principalmente fotovoltaica y eólica: lo suficiente para cubrir las necesidades de 6.5 millones de viviendas con energía verde.

En la tercera subasta se alcanzó un precio de 17.7 dólares por MW/H en un parque eólico. Para comparar, el costo de generación en las plantas obsoletas y contaminantes de la CFE es de 90 dólares o más, y eso sin contar costos hundidos por los lastres operativos y financieros de la empresa. En síntesis, no es cierto que no haya energía disponible más barata, tanto para la industria como para el Estado, que sólo así puede mantener las tarifas subsidiadas sin incurrir en mayores pérdidas de las que ya tiene.

En cuanto al sector hidrocarburos, la incorporación de reservas, producción e ingresos por parte de nuevos actores han llegado a superar las aportaciones de Pemex en algunos casos, sin que la empresa arriesgara nada en ello. A través de las rondas de licitación se adjudicaron 111 contratos que implican inversiones prospectivas por más de 160 mil millones de dólares, de tener éxito los procesos exploratorios.

Se abrió la posibilidad de incrementar reservas y la producción con perspectiva de largo plazo. Sin capital privado, Pemex no podía realizar desarrollos en un gran número de áreas, como aguas profundas, debido a la falta de recursos y tecnología. Hay que recordar que la época de petróleo fácil, como la del campo Cantarell, terminó hace tiempo y más de la mitad de nuestros recursos de petróleo y gas están en áreas no convencionales.

Casi 75% de la utilidad de los campos adjudicados es en favor del Estado. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la industria ya ha ejecutado inversión y contribuido con el pago de contraprestaciones e impuestos al Estado Mexicano por cerca de 11 mil millones de dólares. Y se prevé una producción de 280 mil barriles diarios de petróleo al 2024 por parte de estas empresas.

Hoy, en cambio, tras cancelar las rondas y la posibilidad de asociación para compartir riesgos, y aun con las inyecciones de capital del Gobierno Federal, Pemex ha perdido unos 150 millones de dólares por día en lo que va del año.

No hay beneficios para el país en una re-estatización monopólica del sector energético que lo mismo generará más contaminación que pérdidas y hasta la degradación de nuestra deuda soberana. Menos aún si, además, se recae en la politización de la justicia.

En el 2013, México dio un paso muy importante y en la dirección correcta a través de la reforma energética. Si en el proceso de aprobación hubo presuntos casos de corrupción, como sobornos, pues que se denuncien, comprueben y sancionen.

Las aclaraciones pertinentes, al igual que la verdad jurídica en el caso Lozoya, pueden ayudar mucho a avanzar en el reto del Estado democrático de derecho en México. Sin embargo, nada tiene qué ver con ese propósito el uso mediático de este tipo de expedientes para desacreditar en bloque a una gran reforma, con méritos inherentes y resultados sobresalientes en el corto tiempo de su implementación.

Hay que recordar que esta reforma tuvo el antecedente de diversas propuestas e iniciativas de distintos sectores a lo largo de muchos años. El empresarial fue particularmente activo: desde tiempo atrás había la convicción de que México necesitaba ponerse al día en esta área estratégica para el desarrollo. De igual manera, hubo un amplísimo proceso de análisis y consulta, con mucho trabajo técnico de especialistas y representantes de diversos sectores. La discusión y la negociación en el Poder Legislativo fue intensa, con un gran debate en la opinión pública.

Fue una reforma profunda: con cambios constitucionales y un sólido andamiaje de ordenamientos jurídicos. Conllevó el fortalecimiento y la creación de varias instituciones para generar contrapesos y capacidades técnicas. Del sector hidrocarburos, el proceso renovador se extendió al eléctrico. Sobre todo, es totalmente falso que haya sido un fracaso.

Desde el inicio se vio el interés de inversionistas de todo el mundo, los cuales participaron en procesos abiertos que cambiaron la faz del sector, con transparencia y controles para prevenir la corrupción como no se habían visto nunca en México.

De hecho, la acusación de que el proceso dio espacio a la corrupción es completamente inconsecuente. Todo lo contrario, por los mismos ejes del cambio: superar el modelo cerrado, monopólico, opaco y destinado a la bancarrota que prevalecía. Así, se fomentó la competencia; la transparencia quedó establecida como principio activo en procesos abiertos de licitaciones, subastas y contratos; se determinó la separación de espacios de decisión y la creación de sistemas de regulación modernos. Hay que remarcarlo: énfasis en el desarrollo institucional y de capacidades técnicas.

Hay resultados puntuales. En electricidad se lograron récords entre los costos de generación más bajos del mundo a partir de las subastas, así como la instalación de más de 7.5 gigawatts de energía renovable y sistemas de potencia que están entre los más modernos del mundo.

En paralelo al desarrollo de un moderno y robusto mercado eléctrico mayorista, se comprometieron inversiones por más de 9 mil millones de dólares para construir unas 65 centrales de energía limpia, principalmente fotovoltaica y eólica: lo suficiente para cubrir las necesidades de 6.5 millones de viviendas con energía verde.

En la tercera subasta se alcanzó un precio de 17.7 dólares por MW/H en un parque eólico. Para comparar, el costo de generación en las plantas obsoletas y contaminantes de la CFE es de 90 dólares o más, y eso sin contar costos hundidos por los lastres operativos y financieros de la empresa. En síntesis, no es cierto que no haya energía disponible más barata, tanto para la industria como para el Estado, que sólo así puede mantener las tarifas subsidiadas sin incurrir en mayores pérdidas de las que ya tiene.

En cuanto al sector hidrocarburos, la incorporación de reservas, producción e ingresos por parte de nuevos actores han llegado a superar las aportaciones de Pemex en algunos casos, sin que la empresa arriesgara nada en ello. A través de las rondas de licitación se adjudicaron 111 contratos que implican inversiones prospectivas por más de 160 mil millones de dólares, de tener éxito los procesos exploratorios.

Se abrió la posibilidad de incrementar reservas y la producción con perspectiva de largo plazo. Sin capital privado, Pemex no podía realizar desarrollos en un gran número de áreas, como aguas profundas, debido a la falta de recursos y tecnología. Hay que recordar que la época de petróleo fácil, como la del campo Cantarell, terminó hace tiempo y más de la mitad de nuestros recursos de petróleo y gas están en áreas no convencionales.

Casi 75% de la utilidad de los campos adjudicados es en favor del Estado. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la industria ya ha ejecutado inversión y contribuido con el pago de contraprestaciones e impuestos al Estado Mexicano por cerca de 11 mil millones de dólares. Y se prevé una producción de 280 mil barriles diarios de petróleo al 2024 por parte de estas empresas.

Hoy, en cambio, tras cancelar las rondas y la posibilidad de asociación para compartir riesgos, y aun con las inyecciones de capital del Gobierno Federal, Pemex ha perdido unos 150 millones de dólares por día en lo que va del año.

No hay beneficios para el país en una re-estatización monopólica del sector energético que lo mismo generará más contaminación que pérdidas y hasta la degradación de nuestra deuda soberana. Menos aún si, además, se recae en la politización de la justicia.