Lo que se había anticipado a finales de 2019 se cumplió. Y el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum optó por la adjudicación directa del contrato para la conectividad de cámaras del C5 y WiFi gratuito a la empresa de Carlos Slim Helú, por segundo año consecutivo. No importaron las reuniones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) con José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, para promover una licitación pública que nunca llegó. ¿El motivo? Según las autoridades ninguno de los operadores que forman parte de la Canieti tenía la infraestructura necesaria para cumplir el proyecto. Así como lo lee.
DURMIENDO CON EL ENEMIGO
Organismos empresariales como el CCE, de Carlos Salazar; el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que preside Claudia Jañez; y la Antad, de Vicente Yañez, exigieron mayor certidumbre y reglas claras para fomentar la inversión. Antes, el economista en jefe para México de Bank of America Merill Lynch, Carlos Capistrán, advirtió que la incertidumbre interna limitará la recuperación de la economía este año. Y ante este complicado escenario es difícil creer que los escollos para la inversión privada nacional y extranjera provengan del propio gobierno federal y específicamente de la Dirección General de Comercio Exterior que forma parte de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, que encabeza Graciela Márquez, y que es responsabilidad de Juan Díaz Mazadiego. La problemática surge del Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que para fortalecer la competitividad del sector exportador permite la importación temporal de bienes intermedios, y beneficia a las empresas que representan 85 por ciento de las exportaciones manufactureras de México, al brindar “certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país”. Y todos estos principios se esfumaron por el cierre de las delegaciones estatales de la dependencia donde, entre muchos otros asuntos, se realizaban la incorporación al IMMEX, programas nuevos o ampliación de los existentes, lo que alentó todo el programa y ahora se suma la actitud de Juan Díaz Mazadiego de retrasar todavía más los trámites, lo que no sólo encarece los costos sino que detienen planes de expansión y generan una creciente incertidumbre para las empresas cuando se deberían apoyar todavía más la exportaciones mexicanas. Ante las quejas de usuarios, despachos y asociaciones, la autoridad sólo calla.
