Desde la redacción
Es necesario frenar de manera legal, la contratación indiscriminada en la que históricamente han incurrido los Ayuntamientos, ya que el pago de nóminas finalmente logró asfixiar las finanzas municipales.
Los Ayuntamientos necesitan con urgencia un trabajo serio en sus leyes dentro del carácter laboral, ya que en caso contrario, estos seguirán en su franca caída financiera y al final, los ciudadanos seremos los que tendremos que seguir pagando las consecuencias de una cultura política que, entre otros muchos defectos, sobresale por su despreocupación a la hora de contratar personal.
Este principio de meter a trabajar a los amigos, nada más porque sí, ha caracterizado a la administración pública en prácticamente todos sus niveles y esto ha llegado también a afectar los sindicatos, donde hemos visto que los amigos de los secretarios generales, inmediatamente obtienen una preciada base en instituciones como son el IMSS, ISSSTE, CFE, PEMEX o SEP, tan solo por mencionar algunos.
Sin embargo es una realidad que estas prácticas inadecuadas, han alcanzado a la fecha condiciones insostenibles y han puesto en jaque a muchas instituciones, las cuales fueron creadas para cumplir con objetivos muy específicos y no para ser precisamente la fuente de empleo de los jefes.
Todos sabemos que los alcaldes, gobernantes y secretarios sindicales, deben tener a su lado un equipo humano de confianza, el cual les permita desempeñar sus funciones de acuerdo sus planteamientos, pero es justo también que una vez cumplido el ejercicio administrativo para el que fueron contratados, estos recojan sus cositas y dejen los puestos, sin embargo esto es menos que un buen deseo, ya que la historia tiene muchos ejemplos de nóminas que han sido embarazadas en exceso y ahora son las que causan el caos económico.
Esta tendencia es la que provoca que los servicios públicos deficientes y que los municipios se hayan convertido en una fuente de empleo y en un indemnizador de empleados.
Localmente vemos que Felipe Prado Bautista en Mulegé, Arely Arce Peralta en Loreto, Walter Valenzuela Acosta en Comondú y Rubén Muñoz Álvarez en La Paz, enfrentan serios problemas para resolver no sólo sus funciones como titulares de una institución que se encarga de suministrar a los ciudadanos los servicios públicos que estos requieren, sino que ahora también se deben andar “tronando los dedos” para poder pagar las hinchadas nóminas que han ido creciendo con cada administración.
La única que de momento no tiene este problema es Armida Castro Guzmán y esto se debe a que los ingresos que capta su municipio son mucho más elevados, pero si le ocurre lo que ha pasado en los demás municipios sudcalifornianos, es seguro que tarde o temprano va a estar igual.
Por si no fuera suficiente tener que pagar el salario acumulado, algunos están obligados a hacer recortes de personal y esto, por lógica, los lleva a tener que pagar la liquidación, lo que es un paso muy complicado cuando se está enfrentando la falta de liquidez.
El caso no es exclusivo de nuestro estado y ejemplos de esta cultura hay en todos lados, incluso hay municipios en los que los alcaldes, días antes de dejar el puesto, despiden o corren a sus amistades y les firman una carta compromiso, en la que establece que su liquidación la recibirán varios días después, curiosamente cuando deba estar en funciones el próximo alcalde.
Hay también casos de aumentos salariales que se conceden al haberse pagado la última quincena de la administración, esto se hace para beneficiar a la amistad, la cual obligará al patrón a pagarle un suelo más alto o en su defecto, a ser liquidado con un monto superior al que estuvo cobrando.
El tema de que tienen que ser liquidados conforme a ley está siendo mal empleado y algunas voces han dicho que, a la hora de contratar a los trabajadores, se les debe pedir también que firmen su carta de renuncia, la cual podrá ser empleada cuando haya transcurrido la administración, sin embargo esto sería un acto ilegal y la salida que se percibe más eficaz, es que los diputados hagan las modificaciones necesarias a las leyes locales.
El tema de reformar las leyes no es algo nuevo, en el pasado se han dado algunos intentos por hacer cambios a las normas de los Ayuntamientos, pero como la gran mayoría de los diputados llegan con la aspiración de convertirse en alcaldes, es obvio que evitan el asunto porque no quieren “atarse las manos” antes de tiempo.
En fecha reciente vimos a Armando Martínez Vega despedir a un importante número de trabajadores que -así lo dijo- le fueron heredados por Esthela Ponce Beltrán y ahora, vemos que la historia se repite y el tema de los despidos vuelve a cobrar auge, porque él, quien sufrió en carne propia los efectos de estas prácticas indebidas, hizo lo propio al dejar a más de 600 trabajadores que debían haberse ido, pero como lo marcan los cientos de casos, lo que hacen es reclamar sus derechos laborales a la nueva presidencia.
La solución no es tan difícil de lograr, en realidad esto sólo requiere un poco de voluntad y el interés verdadero de que las futuras administraciones municipales, dejen de padecer problemas económicos por los alcances de las nóminas y los empleados heredados, sin embargo, vemos también que lo complejo es lograr que estos beneficios sean percibidos por los diputados y finalmente, se pongan a trabajar en las leyes relacionadas con la contratación de trabajadores.
Sabemos que estos perjuicios no son desconocidos por los actuales Legisladores, ya que el Congreso del Estado también se ha visto afectado por los efectos de contratación desmedida y cuando llegan los nuevos diputados, deben seguir pagando sueldos de asesores que llegaron con sus similares anteriores, lo que les deja sólo dos opciones a tomar, una es realizar los despidos y la otra es que ampliar el presupuesto, para incluir los salarios de los asistentes que llegan con ellos.
Sería bueno que nuestros diputados, así como se dieron a la tarea de leer las leyes para determinar que no podían bajarse el sueldo, se empeñaran en revisar las normas que pueden modificar para detener este fenómeno que ha perjudicado tanto a los Ayuntamientos.
