/ sábado 30 de marzo de 2019

Ley de Movilidad podría acabar con aspiraciones de algunos diputados

Desde la Redacción

Si no se asume la obligación de privilegiar los intereses de la mayoría, en lugar de proteger a los de ciertos grupos podrían estar cavando su propia tumba

Afectado por serias y graves divisiones nuestro Poder Legislativo tiene en puerta una iniciativa muy relevante que, para algunos de ellos, podría significar el final de sus aspiraciones políticas, y es que aunque algunos hayan tratado de minimizarla o de restarle importancia la realidad es que la Ley de Movilidad tiene toda la atención de los ciudadanos por la sencilla razón de que ésta está estrechamente relacionada con un servicio que enfrenta serios problemas y, sobre todo, agudas críticas y señalamientos de parte de todos los que están obligados a utilizar los medios de transporte público.

Dentro de poco tiempo la Ley será dictaminada y si ésta no es capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y también de los desarrolladores, quienes quieren con urgencia un cambio en el transporte materialista, los diputados van a tener que decir adiós a las aspiraciones políticas futuras que tengan, porque la gente no les va a disculpar tan fácilmente la afrenta de defender los intereses de ciertos grupos en lugar de velar por los intereses de los habitantes.

El costo implica obviamente un desgaste en su imagen y es muy probable que esto repercuta también al grupo al que pertenecen, ya que sin lugar a dudas los señalamientos se darán en todas las vertientes.

Todos sabemos que el estado debe seguir avanzando, no es posible que por caprichos y sobre todo por los intereses económicos de ciertos grupos y personajes la ciudadanía tenga que ser sometida a un servicio que está prácticamente reprobado por la gran mayoría.

La gente quiere una mejor infraestructura urbana, que haya mejores opciones de traslado y a precios bajos, eso lo han dejado más que claro con la llegada de Uber y la popularidad que tienen estas unidades, pero al parecer a algunos legisladores esto no les interesa y están pensando cómo hacerle para que las cosas sigan como hasta ahora.

Cabe destacar que este aspecto, el de los taxis y los peseros, es el tema que tiene el mayor impacto social, sin embargo está también el problema de los materiales donde los sindicatos camioneros han sido señalados de actitudes que repercuten negativamente en el avance de desarrollos inmobiliarios o turísticos, lo que es un tema muy controvertido si tomamos en cuenta la vocación turística que tiene la entidad.
Los intereses y contubernios que hay detrás de la Ley son conocidos por muchos ciudadanos y esto es lo que terminará por evidenciar a quienes se opongan a este cambio, ya que la gente sabe y habla con toda naturalidad de los acuerdos que hay entre los políticos y los concesionarios, los cuales son el factor por el que la gente y los desarrolladores son obligados a contratar a un cierto sector.

No es extraño escuchar a la gente decir que las “placas” las reciben sólo un selecto grupo de personas y éstas las obtuvieron por estar cerca de los gobiernos, o sea que a la gente no se le puede estar engañando sobre este tema y hasta los propios trabajadores del volante lo dicen, ya que hay muchos que tienen años dando este servicio pero como les ha faltado la “palanca” precisa no han podido ser dueños de una concesión.

En fecha reciente los diputados Lorenia Lineth Motaño Ruiz y Rigoberto Murillo Aguilar hablaron sobre este tema y dijeron que cuando se integró la presente Legislatura la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en el Congreso del Estado fue la más despreciada o la menos solicitada, lo que se debe en gran parte precisamente a que la iniciativa había sido entregada por el gobernador Carlos Mendoza Davis.

Comentaron que todos los diputados manifestaron sus aspiraciones e intereses en torno a las comisiones que existen, proceso que dejó “huérfana” a la de transporte y cuando ellos solicitaron la asignación ésta fue la única ocasión en la que la votación fue unánime.

Extraoficialmente se sabe que durante el gobierno de Marcos Covarrubias se otorgaron 800 concesiones y a la fecha hay alrededor de 6 mil, pero más allá de este sector, que ha sido el más criticado, se debe entender que la Ley implica otros aspectos relacionados con el tránsito de las personas, el cual se dirige a todas sus formas y modos y éste incluye las banquetas y sus características, las cuales, en muchos casos, son un problema grave para los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y discapacitados.

Se sabe que la Ley implica una modificación en el tiempo de duración que tendrán las concesiones, ya que se está proponiendo que se verifiquen cada 10 años para ver de qué manera se están manejando y garantizar que la persona que la recibió verdaderamente la esté trabajando, ya que muchos de los dueños sólo las usan para arrearse ciertos beneficios y alquilarlas, eso es lo que más molesta a los ciudadanos ya que no se ignora que hay ventas de placas y esto ha permitido que algunos grupos tengan varios permisos, convirtiéndolos en acaparadores que están violando la Ley actual.

En medio de este tormentoso panorama los legisladores se preparan para dar a los ciudadanos los resultados de su trabajo y a ver si esta Ley no es al final del camino, un golpe severo a su imagen y a la del partido en el que militan, porque a como están las cosas la gente va a tomar en cuenta su decisión y van a usarla como herramienta en las próximas elecciones, las cuales no están tan lejos como se pudiera pensar.

Desde la Redacción

Si no se asume la obligación de privilegiar los intereses de la mayoría, en lugar de proteger a los de ciertos grupos podrían estar cavando su propia tumba

Afectado por serias y graves divisiones nuestro Poder Legislativo tiene en puerta una iniciativa muy relevante que, para algunos de ellos, podría significar el final de sus aspiraciones políticas, y es que aunque algunos hayan tratado de minimizarla o de restarle importancia la realidad es que la Ley de Movilidad tiene toda la atención de los ciudadanos por la sencilla razón de que ésta está estrechamente relacionada con un servicio que enfrenta serios problemas y, sobre todo, agudas críticas y señalamientos de parte de todos los que están obligados a utilizar los medios de transporte público.

Dentro de poco tiempo la Ley será dictaminada y si ésta no es capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y también de los desarrolladores, quienes quieren con urgencia un cambio en el transporte materialista, los diputados van a tener que decir adiós a las aspiraciones políticas futuras que tengan, porque la gente no les va a disculpar tan fácilmente la afrenta de defender los intereses de ciertos grupos en lugar de velar por los intereses de los habitantes.

El costo implica obviamente un desgaste en su imagen y es muy probable que esto repercuta también al grupo al que pertenecen, ya que sin lugar a dudas los señalamientos se darán en todas las vertientes.

Todos sabemos que el estado debe seguir avanzando, no es posible que por caprichos y sobre todo por los intereses económicos de ciertos grupos y personajes la ciudadanía tenga que ser sometida a un servicio que está prácticamente reprobado por la gran mayoría.

La gente quiere una mejor infraestructura urbana, que haya mejores opciones de traslado y a precios bajos, eso lo han dejado más que claro con la llegada de Uber y la popularidad que tienen estas unidades, pero al parecer a algunos legisladores esto no les interesa y están pensando cómo hacerle para que las cosas sigan como hasta ahora.

Cabe destacar que este aspecto, el de los taxis y los peseros, es el tema que tiene el mayor impacto social, sin embargo está también el problema de los materiales donde los sindicatos camioneros han sido señalados de actitudes que repercuten negativamente en el avance de desarrollos inmobiliarios o turísticos, lo que es un tema muy controvertido si tomamos en cuenta la vocación turística que tiene la entidad.
Los intereses y contubernios que hay detrás de la Ley son conocidos por muchos ciudadanos y esto es lo que terminará por evidenciar a quienes se opongan a este cambio, ya que la gente sabe y habla con toda naturalidad de los acuerdos que hay entre los políticos y los concesionarios, los cuales son el factor por el que la gente y los desarrolladores son obligados a contratar a un cierto sector.

No es extraño escuchar a la gente decir que las “placas” las reciben sólo un selecto grupo de personas y éstas las obtuvieron por estar cerca de los gobiernos, o sea que a la gente no se le puede estar engañando sobre este tema y hasta los propios trabajadores del volante lo dicen, ya que hay muchos que tienen años dando este servicio pero como les ha faltado la “palanca” precisa no han podido ser dueños de una concesión.

En fecha reciente los diputados Lorenia Lineth Motaño Ruiz y Rigoberto Murillo Aguilar hablaron sobre este tema y dijeron que cuando se integró la presente Legislatura la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en el Congreso del Estado fue la más despreciada o la menos solicitada, lo que se debe en gran parte precisamente a que la iniciativa había sido entregada por el gobernador Carlos Mendoza Davis.

Comentaron que todos los diputados manifestaron sus aspiraciones e intereses en torno a las comisiones que existen, proceso que dejó “huérfana” a la de transporte y cuando ellos solicitaron la asignación ésta fue la única ocasión en la que la votación fue unánime.

Extraoficialmente se sabe que durante el gobierno de Marcos Covarrubias se otorgaron 800 concesiones y a la fecha hay alrededor de 6 mil, pero más allá de este sector, que ha sido el más criticado, se debe entender que la Ley implica otros aspectos relacionados con el tránsito de las personas, el cual se dirige a todas sus formas y modos y éste incluye las banquetas y sus características, las cuales, en muchos casos, son un problema grave para los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y discapacitados.

Se sabe que la Ley implica una modificación en el tiempo de duración que tendrán las concesiones, ya que se está proponiendo que se verifiquen cada 10 años para ver de qué manera se están manejando y garantizar que la persona que la recibió verdaderamente la esté trabajando, ya que muchos de los dueños sólo las usan para arrearse ciertos beneficios y alquilarlas, eso es lo que más molesta a los ciudadanos ya que no se ignora que hay ventas de placas y esto ha permitido que algunos grupos tengan varios permisos, convirtiéndolos en acaparadores que están violando la Ley actual.

En medio de este tormentoso panorama los legisladores se preparan para dar a los ciudadanos los resultados de su trabajo y a ver si esta Ley no es al final del camino, un golpe severo a su imagen y a la del partido en el que militan, porque a como están las cosas la gente va a tomar en cuenta su decisión y van a usarla como herramienta en las próximas elecciones, las cuales no están tan lejos como se pudiera pensar.