Desde la Redacción
Los diputados que se oponen ya fueron acusados y sentenciados por los ciudadanos, y esto habrá de repercutir en su imagen a futuro, y lo mismo ocurrirá a los actores que se nieguen al cambio
La iniciativa de ley de movilidad volvió a cobrar auge por el lamentable hecho registrado en Los Cabos, donde un taxista embistió a un Uber frente al Hotel Hilton, lo que provocó que sus ocupantes tuvieran que ser hospitalizados, y más allá de la controversia que se generó en redes sociales, donde hubo opiniones que defendían la artera actitud del conductor agresor, la realidad es que el grueso de la población apoya a la emisión de una nueva ley de movilidad, sobre todo por lo obsoleto que es el esquema que actualmente rige a este sector, el cual implica mantener a la sociedad sujeta o más bien cautiva, a un sector que tiene años de ofrecer un servicio que es ampliamente cuestionado por ser malo y caro.
Pero a esto deben agregarse también los intereses que se desprenden del transporte de materiales, y es que, como decimos popularmente, “ahí es donde está la mera mata”, ya que en este sector no es muy común ver a los involucrados participar en manifestaciones o marchas, porque no les conviene que se conozca su identidad.
Sin embargo, también se sabe que muchos desarrolladores ven con miedo y recelo a esta parte del país, porque saben que la construcción de una obra tendrá que pactarse con los líderes transportistas, y eso, aunado al tema de las cuotas que cobran por los traslados, los hace que terminen por posponer sus planes de inversión.
Con este panorama, la imagen de los diputados involucrados en el tema de la ley, empezó a pagar un precio político muy alto, ya que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes que están ávidos de tener mejores servicios de transporte, e incluso, también están interesados en pertenecer a las filas de Uber, les empezaron a recriminar su actitud por la ligereza con la que estaban tratando el tema, y por la impresión que mostraron con sus declaraciones, ya que en pocos días, estos se crearon la impresión de que estaban queriendo parar la ley y dejar las cosas como están, o sea que no se den los anhelados cambios, y que se siga fregando al ciudadano, y también que se siga sometiendo a los desarrollos al capricho de un grupo de transportistas de materiales.
La oposición para que en Baja California Sur se regule esta actividad y se aliente el libre mercado, se basa en acuerdos en lo oscurito y en históricas violaciones a la ley, ya que el otorgamiento de las concesiones -se supone- debe de cumplir ciertos términos o requisitos, pero esto no es así, y las “placas”, por lo regular terminan en manos de amigos o parientes de los políticos encumbrados, quienes conocen los jugosos beneficios que hay en esta actividad.
Y ante este interés muy particular, vemos como se ignoran o simplemente se desechan, todos los beneficios que generaría para la vida económica y el desarrollo del estado, el contar con una ley moderna que, sobre todo, aliente la competitividad en materia de transporte.
Los señalamientos en contra de los legisladores van y vienen, y para los ciudadanos, quienes ya emitieron su veredicto sobre este asunto, los diputados que están en contra de la ley, o sea, los que quieren que no haya cambios y que las cosas sigan igual, son: Héctor Ortega, Milena Quiroga, Petra Juárez, Sandra Moreno, Esteban Ojeda, Carlos Van Wormer, Marcelo Armenta, Homero González, Humberto Arce, Rosalba Rodríguez, Lorenia Montaño y Mercedes Maciel; y en el otro lado o como los que están a favor del cambio, se ubica a Ramiro Ruiz, José Pérpuli, Soledad Saldaña, Rigoberto Murillo, Daniela Rubio, Elizabeth Rocha, Perla Flores, Ana Beltrán y Maricela Pineda.
La iniciativa fue enviada al Congreso en octubre del año pasado, y todo parece indicar que los intereses personales alcanzaron a los legisladores arriba mencionados, y esto los llevó a encontrarle muchos “peros” a la ley, lo que terminó en un estancamiento que sigue exasperando a la sociedad.
Sin embargo, al parecer que las cosas podrían empezar a cambiar, y es que muchos de los diputados, quienes son considerados como “vendidos”, ya vieron que los efectos de su oposición les traerá serias consecuencias en lo que respecta a su imagen, y es probable que la ley empiece a avanzar.
Aunado a esto, tenemos que dentro de dos semanas, será sometida a la consideración del pleno la nueva iniciativa, y esto, podemos decir que de alguna manera nos permitirá ver cómo quedaron ajustados los intereses políticos y económicos que están girando en torno al tema transportista.
Algo que no puede negarse, es que cada día son más los ciudadanos que tienen un panorama claro sobre el tema y cuáles son los obstáculos más grandes que impiden la liberación del transporte, y aunque se insista en colocar en primera línea de ataque a los taxistas, la gente entiende que detrás de estos, están los que mueven los materiales de construcción, ya que estos tienen más poder, por ser quienes controlan el traslado de materiales.
Se sabe también que la iniciativa en cuestión, tiene algunas adecuaciones que -así se ha dicho- busca nutrirla y mejorarla, pero en términos generales, esta no se contrapone al documento que enviara previamente el jefe del Poder Ejecutivo estatal, Carlos Mendoza Davis, sin embargo, se vislumbra que sea cual sea la decisión que se tome, los diputados que le han estado “sacando la vuelta” al tema, deberán pagar un costo político el tiempo que les queda como legisladores.
