/ jueves 21 de enero de 2021

Fuera de Agenda | La DEA contra los generales

La ruta de la confrontación está trazada. Con la publicación de las más de 700 fojas de la investigación de la DEA contra el grupo criminal que operó en Nayarit hasta el año 2017, al que vinculó con el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, el horizonte en la relación bilateral México-Estados Unidos amenaza con tormenta.

Y el pronóstico a partir de hoy con el inicio de la administración del presidente Joe Biden se vislumbra reservado. Sobre todo a raíz del anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercitar acción penal contra el general retirado. Con ello se evitó trasladar ante un juez de control la responsabilidad de decidir si procedía o no la existencia de los delitos por los que se le acusó en Estados Unidos y por los que fue detenido el otoño pasado.

Desde que se hizo público el documento de la DEA contra Cienfuegos, diversas notas y columnas periodísticas han dado cuenta de las inconsistencias, pifias y relatos inverosímiles sobre los que la agencia estadounidense fundó su investigación.

Un primer mensaje de la DEA a la FGR era que le tocaba transitar de los “hechos circunstanciales” a “evidencias probadas”, algo que sabían de antemano resultaría imposible, no solo por las fallas sistémicas que arrastra desde hace varios sexenios la procuración de justicia del país, sino por la manipulación política que es norma no escrita en las investigaciones penales con personajes de alto nivel.

Hay consenso entre los especialistas: una decisión política impidió ir a fondo en el caso. Se menciona que la FGR no investigó con bancos, casas de bolsa, qué pasó y cómo fueron con los movimientos financieros del general y sus familiares en aquellos años.

Tampoco se sabe si autoridad ministerial llamó a declarar al ex subsecretario de la Defensa Nacional el general Virgilio Daniel Méndez Bazán, quien aspiró a la secretaría en el año 2012, y a quien se menciona en el documento.

Tampoco si la FGR investigó el inicio, desarrollo y resultado de las operaciones militares que se efectuaron contra las organizaciones criminales en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, que son escenarios que se mencionan en el documento. Se menciona al general de división hoy retirado Javier Cruz Rivas, ex comandante militar en Nuevo León. También sale a relucir el nombre del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila. Si hubo o no pesquisas sobre ellos no queda claro, pero para la DEA eran objetivos a seguir.

El general Cienfuegos “nunca fue objetivo central de una investitgación de la DEA”, dice en la misiva que acompaña el documento el jefe interino de la agencia Timothy J. Shea. La DEA “descubrió información que reflejaba su actividad delictiva”, y esto llevó a obtener “pruebas que condujeron a la acusación” que se le fincó en una corte estadounidense.

La evidencia es raquítica como se desprende de la lectura del documento. Más allá de la estridencia con la que salió el fiscal general Alejandro Gertz a defender la exoneración, se abrió la puerta para una pesquisa del lado estadounidense sobre las corruptelas y posibles vínculos con el crimen de altos funcionarios del sexenio pasado.

@velediaz424

La ruta de la confrontación está trazada. Con la publicación de las más de 700 fojas de la investigación de la DEA contra el grupo criminal que operó en Nayarit hasta el año 2017, al que vinculó con el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, el horizonte en la relación bilateral México-Estados Unidos amenaza con tormenta.

Y el pronóstico a partir de hoy con el inicio de la administración del presidente Joe Biden se vislumbra reservado. Sobre todo a raíz del anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercitar acción penal contra el general retirado. Con ello se evitó trasladar ante un juez de control la responsabilidad de decidir si procedía o no la existencia de los delitos por los que se le acusó en Estados Unidos y por los que fue detenido el otoño pasado.

Desde que se hizo público el documento de la DEA contra Cienfuegos, diversas notas y columnas periodísticas han dado cuenta de las inconsistencias, pifias y relatos inverosímiles sobre los que la agencia estadounidense fundó su investigación.

Un primer mensaje de la DEA a la FGR era que le tocaba transitar de los “hechos circunstanciales” a “evidencias probadas”, algo que sabían de antemano resultaría imposible, no solo por las fallas sistémicas que arrastra desde hace varios sexenios la procuración de justicia del país, sino por la manipulación política que es norma no escrita en las investigaciones penales con personajes de alto nivel.

Hay consenso entre los especialistas: una decisión política impidió ir a fondo en el caso. Se menciona que la FGR no investigó con bancos, casas de bolsa, qué pasó y cómo fueron con los movimientos financieros del general y sus familiares en aquellos años.

Tampoco se sabe si autoridad ministerial llamó a declarar al ex subsecretario de la Defensa Nacional el general Virgilio Daniel Méndez Bazán, quien aspiró a la secretaría en el año 2012, y a quien se menciona en el documento.

Tampoco si la FGR investigó el inicio, desarrollo y resultado de las operaciones militares que se efectuaron contra las organizaciones criminales en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, que son escenarios que se mencionan en el documento. Se menciona al general de división hoy retirado Javier Cruz Rivas, ex comandante militar en Nuevo León. También sale a relucir el nombre del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila. Si hubo o no pesquisas sobre ellos no queda claro, pero para la DEA eran objetivos a seguir.

El general Cienfuegos “nunca fue objetivo central de una investitgación de la DEA”, dice en la misiva que acompaña el documento el jefe interino de la agencia Timothy J. Shea. La DEA “descubrió información que reflejaba su actividad delictiva”, y esto llevó a obtener “pruebas que condujeron a la acusación” que se le fincó en una corte estadounidense.

La evidencia es raquítica como se desprende de la lectura del documento. Más allá de la estridencia con la que salió el fiscal general Alejandro Gertz a defender la exoneración, se abrió la puerta para una pesquisa del lado estadounidense sobre las corruptelas y posibles vínculos con el crimen de altos funcionarios del sexenio pasado.

@velediaz424