/ domingo 10 de octubre de 2021

Estado de BCS: 47 años

Las raíces más profundas de la búsqueda autonómica del pueblo californio del sur peninsular se hallan en lo más remoto de su historia. Pocos años después de quedar integrado a la nación mexicana independiente, hubo de enfrentar el acoso extranjero, norteamericano principalmente, para sustraer su territorio a la geografía de los Estados Unidos, como ocurrió a la parte continental de las Californias, junto a otros espacios del norte, resultado lamentable de la guerra de 1846 a 1848 contra nuestra joven república.

En tales circunstancias a las que se sumó la intención de enajenar la península mediante el tratado McLane-Ocampo, estuvo ininterrumpidamente presente el mexicanismo de la mayoría del pueblo sudcaliforniano, cuya ascendencia aborigen e hispánica estructuró su identidad y la pertenencia al país que se integró esencialmente con los territorios, la cultura, la lengua y la religión de la desaparecida Nueva España.

La lejanía del resto de la república, agravada por la falta de vías comunicacionales y medios de transporte, con las consecuencias inevitables de carencia, carestía y otras muchísimas dificultades para subsistir, fueron creando en la conciencia general un sentimiento de marginalidad que debió ser sustituido por el de la autosuficiencia en todos los sentidos.

Durante el siglo XIX, California Sur estuvo tan convulsa como toda la nación, en violentas búsquedas para definirse ellas mismas, entender su presente y diseñar su destino.

La etapa porfiriana y los cambios revolucionarios, ya en el siglo XX, continuaron completando la fisonomía de este pueblo, cuyas preocupaciones sociales se sintetizaron en la organización del Frente de Unificación Sudcaliforniano: se trataba de un frente pues la lucha que acometía era abierta, sin encubrimientos y a la luz del día; era de unificación porque aspiraba a ser la voz que aglutinaba a todas las voces; y era sudcaliforniano, genuinamente sudcaliforniano, profundamente sudcaliforniano.

Así, el FUS planteó al general Francisco J. Múgica, gobernador del Territorio, y al presidente Manuel Ávila Camacho, el anhelo de ver gobernada la tierra propia por uno de sus hijos; el propósito nativista se cumplió con la designación del general Agustín Olachea Avilés como nuevo gobernador de esta provincia.

Más tarde, una nueva generación levantó las banderas fusistas y reclamó al gobierno federal la nominación de un gobernante civil, que finalmente fue satisfecho con el arribo del licenciado Hugo Cervantes del Río a la gubernatura.

Algunos años después, un nuevo movimiento de preocupaciones similares convergió en “Loreto 70”, con la exigencia al poder central de gobernantes nativos o con arraigo, que halló realización al ser nombrado como jefe político el ingeniero Félix Agramont Cota, a quien correspondió, entre otras varias tareas, reinstaurar el municipio libre.

En mayo de 1974, a su llegada de un viaje de trabajo a la ciudad de México, el gobernador dio a conocer la convicción expresa del presidente Luis Echeverría Álvarez de haberse dado ya las condiciones para la elevación de esta entidad a miembro autónomo de la Federación mexicana.

El 1 de junio siguiente, al asistir el presidente a Cabo San Lucas a la celebración del día de la Marina, se le hizo llegar el documento por el cual le era enunciada la petición de iniciar la transformación de esta media península en Estado.

El 1 de septiembre, el ejecutivo federal anunció en su cuarto informe de gobierno que enviaría al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para reformar los artículos 43 y demás relativos de la Constitución General a efecto de cumplir la aspiración ancestral de los sudcalifornianos.

Fue aprobada por los diputados federales y enviada al Senado, donde recibió unanimidad aprobatoria; posteriormente mereció la conformidad de la mayoría de las legislaturas estatales.

El 8 de octubre fue publicado el decreto en el Diario oficial de la Federación, en base al cual el propio Senado seleccionó de una terna del ejecutivo al mismo Félix Agramont como gobernador provisional. Con tal carácter lanzó enseguida la convocatoria para la integración de la legislatura Constituyente.

Nacieron así las nuevas entidades federadas de Baja California Sur y Quintana Roo mediante las reformas constitucionales a dieciséis artículos. La primera pasó a ocupar el tercer lugar de la lista después de Aguascalientes y Baja California, que desde 1952 había asumido como nombre propio el de toda la península.

En este nuevo aniversario estatal pudiéramos preguntarnos si 47 años después han sido cumplidas las expectativas que generó la conversión política en la que fueron comprometidos los empeños históricos de la sociedad sudcaliforniana en bien de ella misma y sus descendientes.

Las raíces más profundas de la búsqueda autonómica del pueblo californio del sur peninsular se hallan en lo más remoto de su historia. Pocos años después de quedar integrado a la nación mexicana independiente, hubo de enfrentar el acoso extranjero, norteamericano principalmente, para sustraer su territorio a la geografía de los Estados Unidos, como ocurrió a la parte continental de las Californias, junto a otros espacios del norte, resultado lamentable de la guerra de 1846 a 1848 contra nuestra joven república.

En tales circunstancias a las que se sumó la intención de enajenar la península mediante el tratado McLane-Ocampo, estuvo ininterrumpidamente presente el mexicanismo de la mayoría del pueblo sudcaliforniano, cuya ascendencia aborigen e hispánica estructuró su identidad y la pertenencia al país que se integró esencialmente con los territorios, la cultura, la lengua y la religión de la desaparecida Nueva España.

La lejanía del resto de la república, agravada por la falta de vías comunicacionales y medios de transporte, con las consecuencias inevitables de carencia, carestía y otras muchísimas dificultades para subsistir, fueron creando en la conciencia general un sentimiento de marginalidad que debió ser sustituido por el de la autosuficiencia en todos los sentidos.

Durante el siglo XIX, California Sur estuvo tan convulsa como toda la nación, en violentas búsquedas para definirse ellas mismas, entender su presente y diseñar su destino.

La etapa porfiriana y los cambios revolucionarios, ya en el siglo XX, continuaron completando la fisonomía de este pueblo, cuyas preocupaciones sociales se sintetizaron en la organización del Frente de Unificación Sudcaliforniano: se trataba de un frente pues la lucha que acometía era abierta, sin encubrimientos y a la luz del día; era de unificación porque aspiraba a ser la voz que aglutinaba a todas las voces; y era sudcaliforniano, genuinamente sudcaliforniano, profundamente sudcaliforniano.

Así, el FUS planteó al general Francisco J. Múgica, gobernador del Territorio, y al presidente Manuel Ávila Camacho, el anhelo de ver gobernada la tierra propia por uno de sus hijos; el propósito nativista se cumplió con la designación del general Agustín Olachea Avilés como nuevo gobernador de esta provincia.

Más tarde, una nueva generación levantó las banderas fusistas y reclamó al gobierno federal la nominación de un gobernante civil, que finalmente fue satisfecho con el arribo del licenciado Hugo Cervantes del Río a la gubernatura.

Algunos años después, un nuevo movimiento de preocupaciones similares convergió en “Loreto 70”, con la exigencia al poder central de gobernantes nativos o con arraigo, que halló realización al ser nombrado como jefe político el ingeniero Félix Agramont Cota, a quien correspondió, entre otras varias tareas, reinstaurar el municipio libre.

En mayo de 1974, a su llegada de un viaje de trabajo a la ciudad de México, el gobernador dio a conocer la convicción expresa del presidente Luis Echeverría Álvarez de haberse dado ya las condiciones para la elevación de esta entidad a miembro autónomo de la Federación mexicana.

El 1 de junio siguiente, al asistir el presidente a Cabo San Lucas a la celebración del día de la Marina, se le hizo llegar el documento por el cual le era enunciada la petición de iniciar la transformación de esta media península en Estado.

El 1 de septiembre, el ejecutivo federal anunció en su cuarto informe de gobierno que enviaría al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para reformar los artículos 43 y demás relativos de la Constitución General a efecto de cumplir la aspiración ancestral de los sudcalifornianos.

Fue aprobada por los diputados federales y enviada al Senado, donde recibió unanimidad aprobatoria; posteriormente mereció la conformidad de la mayoría de las legislaturas estatales.

El 8 de octubre fue publicado el decreto en el Diario oficial de la Federación, en base al cual el propio Senado seleccionó de una terna del ejecutivo al mismo Félix Agramont como gobernador provisional. Con tal carácter lanzó enseguida la convocatoria para la integración de la legislatura Constituyente.

Nacieron así las nuevas entidades federadas de Baja California Sur y Quintana Roo mediante las reformas constitucionales a dieciséis artículos. La primera pasó a ocupar el tercer lugar de la lista después de Aguascalientes y Baja California, que desde 1952 había asumido como nombre propio el de toda la península.

En este nuevo aniversario estatal pudiéramos preguntarnos si 47 años después han sido cumplidas las expectativas que generó la conversión política en la que fueron comprometidos los empeños históricos de la sociedad sudcaliforniana en bien de ella misma y sus descendientes.