/ domingo 10 de enero de 2021

Enero: mes del municipio sudcaliforniano

Hasta 1928, la ley establecía que el Distrito y los territorios federales estaban divididos en municipalidades, cada una de ellas a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa.

En vista de que la mayoría de los presidentes municipales de la capital del país se opusieron a la candidatura del expresidente Álvaro Obregón en pos de su reelección, éste envió a la Cámara Baja, a través de sus diputados leales, la iniciativa de reforma constitucional para la supresión de los ayuntamientos del Distrito Federal, y poco después la de los municipios de los territorios pues se argumentó la incongruencia de que éstos, en su calidad de entidades autónomas, estuvieran sujetos a gobernadores carentes de soberanía ya que eran designados por el presidente.

Esa disposición surtió efectos a partir del 1 de enero de 1929.

Debieron pasar 43 años para que fuera reinstaurada la vida municipal en los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, que había sido suplida por delegaciones de gobierno; en el primero eran siete: Comondú, La Paz, Loreto, San Antonio, San José del Cabo, Santa Rosalía y Todos Santos.

La edición del Diario oficial de la federación mexicana del sábado 20 de febrero de 1971 publicó la última “Ley Orgánica del Territorio de la Baja California Sur”, en que se planteaba la pertinencia de restablecer el régimen de municipio libre en la entidad, ya que es “sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades.”

Y agregó que, al ser el municipio “base de la organización política y administrativa del país, su restablecimiento en el Territorio de la Baja California Sur... da el fundamento necesario para que sus habitantes participen más activamente en su vida política, cuando la entidad acelera el ritmo de su desarrollo económico.”

Y así quedó dispuesta la transformación de las siete delegaciones de gobierno en tres municipios: Comondú, La Paz y Mulegé, “tomando en consideración razones de orden económico y demográfico...”

Era puesta de tal manera una base imprescindible para la inminente conversión del territorio en estado de la federación, sobre el criterio primordial de la autosuficiencia económica de los municipios y la correspondiente solvencia financiera de sus ayuntamientos.

Éstos comenzaron a organizarse a partir del 1 de enero de 1972 y a operar en las condiciones óptimas que les permitían el equipo y los inmuebles heredados de las antiguas delegaciones, una nómina razonable de empleados de base así como el apoyo comprometido en recursos dinerarios de los gobiernos federal y local.

En 1981 fue creado el municipio de Los Cabos por promoción del gobernador Ángel César Mendoza Arámburo, y en 1992 el de Loreto, por la de Víctor Manuel Liceaga Ruibal.

Estábamos lejos, por entonces, de enfrentar las situaciones de caos provocado por la ineficiencia administrativa, las desviaciones nunca explicadas de fondos públicos, la ofensiva proliferación de expendios de bebidas alcohólicas, las invasiones de terrenos con permiso y protección oficiales, los asentamientos humanos consentidos en zonas de riesgo, la insensibilidad política tanto como los enconos y divisiones de origen partidista.

Aun así, algunas veces ha sido anunciada desde el ejecutivo estatal y el congreso local la intención de promover el establecimiento de nuevos municipios sin contar previamente con estudios de factibilidad para el sostenimiento de las nuevas plantillas burocráticas, y acerca del probable impacto socioeconómico en cada región.

Lejos de negar la posibilidad fundacional de nuevos municipios, puede creerse que ello debe ocurrir una vez que nuestros conciudadanos de las respectivas jurisdicciones posean bases tangibles, sólidas y crecientes para su próspera existencia autónoma. Porque está fuera de duda que son capaces de crearlas por sí y con el apoyo del resto de sus paisanos.

Se debe cambiar para mejorar, y de ningún modo para seguir igual o peor, pero este axioma insoslayable del crecimiento social parece perder importancia ante la expectativa de distraer la atención pública, lograr simpatía popular, captar aceptación política y obtener ganancia electoral, como es probable que ocurra pronto a la luz de los comicios de 2021.

Pese a todo, confiemos en que la razón prevalecerá en cada caso y momento, y que la responsabilidad de los actores pensantes de los procesos en cuestión finalmente impedirá llevar a cabo tal propósito, justo sin duda, pero sin apresuramientos indebidos ni ligerezas fatales.

Así sea.

Hasta 1928, la ley establecía que el Distrito y los territorios federales estaban divididos en municipalidades, cada una de ellas a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa.

En vista de que la mayoría de los presidentes municipales de la capital del país se opusieron a la candidatura del expresidente Álvaro Obregón en pos de su reelección, éste envió a la Cámara Baja, a través de sus diputados leales, la iniciativa de reforma constitucional para la supresión de los ayuntamientos del Distrito Federal, y poco después la de los municipios de los territorios pues se argumentó la incongruencia de que éstos, en su calidad de entidades autónomas, estuvieran sujetos a gobernadores carentes de soberanía ya que eran designados por el presidente.

Esa disposición surtió efectos a partir del 1 de enero de 1929.

Debieron pasar 43 años para que fuera reinstaurada la vida municipal en los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, que había sido suplida por delegaciones de gobierno; en el primero eran siete: Comondú, La Paz, Loreto, San Antonio, San José del Cabo, Santa Rosalía y Todos Santos.

La edición del Diario oficial de la federación mexicana del sábado 20 de febrero de 1971 publicó la última “Ley Orgánica del Territorio de la Baja California Sur”, en que se planteaba la pertinencia de restablecer el régimen de municipio libre en la entidad, ya que es “sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades.”

Y agregó que, al ser el municipio “base de la organización política y administrativa del país, su restablecimiento en el Territorio de la Baja California Sur... da el fundamento necesario para que sus habitantes participen más activamente en su vida política, cuando la entidad acelera el ritmo de su desarrollo económico.”

Y así quedó dispuesta la transformación de las siete delegaciones de gobierno en tres municipios: Comondú, La Paz y Mulegé, “tomando en consideración razones de orden económico y demográfico...”

Era puesta de tal manera una base imprescindible para la inminente conversión del territorio en estado de la federación, sobre el criterio primordial de la autosuficiencia económica de los municipios y la correspondiente solvencia financiera de sus ayuntamientos.

Éstos comenzaron a organizarse a partir del 1 de enero de 1972 y a operar en las condiciones óptimas que les permitían el equipo y los inmuebles heredados de las antiguas delegaciones, una nómina razonable de empleados de base así como el apoyo comprometido en recursos dinerarios de los gobiernos federal y local.

En 1981 fue creado el municipio de Los Cabos por promoción del gobernador Ángel César Mendoza Arámburo, y en 1992 el de Loreto, por la de Víctor Manuel Liceaga Ruibal.

Estábamos lejos, por entonces, de enfrentar las situaciones de caos provocado por la ineficiencia administrativa, las desviaciones nunca explicadas de fondos públicos, la ofensiva proliferación de expendios de bebidas alcohólicas, las invasiones de terrenos con permiso y protección oficiales, los asentamientos humanos consentidos en zonas de riesgo, la insensibilidad política tanto como los enconos y divisiones de origen partidista.

Aun así, algunas veces ha sido anunciada desde el ejecutivo estatal y el congreso local la intención de promover el establecimiento de nuevos municipios sin contar previamente con estudios de factibilidad para el sostenimiento de las nuevas plantillas burocráticas, y acerca del probable impacto socioeconómico en cada región.

Lejos de negar la posibilidad fundacional de nuevos municipios, puede creerse que ello debe ocurrir una vez que nuestros conciudadanos de las respectivas jurisdicciones posean bases tangibles, sólidas y crecientes para su próspera existencia autónoma. Porque está fuera de duda que son capaces de crearlas por sí y con el apoyo del resto de sus paisanos.

Se debe cambiar para mejorar, y de ningún modo para seguir igual o peor, pero este axioma insoslayable del crecimiento social parece perder importancia ante la expectativa de distraer la atención pública, lograr simpatía popular, captar aceptación política y obtener ganancia electoral, como es probable que ocurra pronto a la luz de los comicios de 2021.

Pese a todo, confiemos en que la razón prevalecerá en cada caso y momento, y que la responsabilidad de los actores pensantes de los procesos en cuestión finalmente impedirá llevar a cabo tal propósito, justo sin duda, pero sin apresuramientos indebidos ni ligerezas fatales.

Así sea.