Asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no espían a columnistas.
“Ahora, si presentan pruebas, entonces no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas”, prometió.
“¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, si son predecibles”, señaló el mandatario durante su mañanera, luego de un par de textos de Javier Tejado y de Raymundo Riva Palacio, plumas de El Universal y El Financiero, respectivamente, en donde se acusa espionaje. “Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no somos como ellos ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho”.
López Obrador fue todavía más superficial al argumentar que ni caso tiene, porque sabe que ellos lo critican.
“No leo una columna de estos señores porque no hace falta, no leo una columna de estos señores desde hace dos años. ¿Para qué voy a leer una columna si es un lugar común? Entonces, no tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar, es falso”.
Los otros datos indican que no es falso y que este esquema de espionaje con sofisticada tecnología es el que tiene en estos momentos asustados, no solamente a algunos columnistas, sino también a funcionarios de la Cuatroté, específicamente de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y del Senado. Una de las bajas por espionaje, aseguran los espectadores de la política nacional, es uno de los cercanos a Olga Sánchez Cordero. Y hay mucha gente más investigada, o espiada, durante este gobierno. No necesariamente periodistas.
Documentos en poder de este espacio indican que la Guardia Nacional, comandada por Luis Rodríguez Bucio, ha entregado 28 solicitudes de intervención de comunicaciones a líneas de teléfonos de Telcel, de Movistar y Telmex, AT&T y otras compañías con operaciones en México, durante el primer trimestre del 2021.
Sin mencionar los 28 nombres, investiga secuestros, delitos vinculados a la corrupción, lavado de dinero, trata de personas, delincuencia organizada y narcotráfico. Todas esas solicitudes, o escuchas, son permitidas por la Constitución Mexicana, y por el Reglamento de la Guardia Nacional, argumentan en sus peticiones.
Fuentes del Gobierno no descartan que entre los investigados, con sus teléfonos abiertos a las orejas de algunos elegidos de la Cuatroté, estén presuntos narcos, gobernadores y periodistas, empresarios y también opositores del gobierno.
Hay además otras 10 solicitudes de la Guardia Nacional, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso esta columna, que piden el registro de comunicaciones y localización geográfica de los dueños de los dispositivos. Eso es principalmente para investigar secuestros o para buscar a desaparecidos.
Las fiscalías, como la de la Ciudad de México y varios estados, no han solicitado la intervención de teléfonos móviles, al menos no oficialmente. No oficialmente. Esto es parte de las investigaciones legales y autorizadas por los jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal. El espionaje ilegal, el que no existe, es probablemente del que habla el Presidente de México.
