/ viernes 19 de agosto de 2022

El Espectador | El voto electrónico, tan cerca y a la vez tan lejos

En un marco en el que el principal reclamo gubernamental al Instituto Nacional Electoral es el oneroso proceso de organización de elecciones, la tecnología puede ser la respuesta a la búsqueda de comicios más económicos, sin el riesgo de que estos pierdan la eficacia y la credibilidad. En específico, la alternativa es el llamado voto electrónico, con capacidad para generar ahorros en el presupuesto electoral de hasta cinco mil millones de pesos.

Durante esta semana, en el llamado Foro “Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en México”, organizado por la consejera Electoral Carla Humphrey Jordan, se analizaron las posibilidades de incorporar plenamente a los procesos de votación el uso de urnas electrónicas o la modalidad de sufragio por internet, ambas ya utilizadas de manera experimental o limitada en el país, e incluso con ciertos indicios de regulación.

Las urnas electrónicas se han empleado experimentalmente desde hace más de una década, en ejercicios locales como las propias elecciones constitucionales, en procesos de selección de dirigencias partidistas o en consultas para tomar decisiones sobre políticas públicas. En este 2022, por ejemplo, se anunció la instalación de 100 urnas electrónicas en las seis entidades federativas que sustituyeron gobernador; es decir, casi en el 0.5 por ciento del total de casillas.

En lo que respecta al voto por internet hablamos de una modalidad que desde 2014 está avalada constitucionalmente para el voto de los mexicanos en el extranjero, y a la que han recurrido ya algunos estados para recibir el sufragio de sus ciudadanos desde el proceso electoral de 2021. Cabe destacar que los connacionales residentes en otros países tienen también la opción de votar por la vía postal, pero dos de cada tres votantes en estos ejercicios optaron por la electrónica. Además de los beneficios económicos, como la inmensa reducción en el uso de papel y de personal asignado a la operación de las casillas, el voto electrónico tiene el potencial de eliminar los errores de escrutinio, de acelerar la obtención de los resultados y, además, de incrementar exponencialmente la participación ciudadana, pues el votante podría llegar a ejercer sus derechos desde la comodidad de su casa.

Los retos, riesgos y obstáculos, según se pudo escuchar en las disertaciones de los especialistas participantes en el Foro, tienen que ver más con el marco regulatorio (aunque las bases en la Constitución ya están asentadas) y con la confianza que estas modalidades electrónicas puedan generar en los votantes dentro y fuera del país, acostumbrados estos a escuchar por muchos años (quizá siempre del mismo personaje) señalamientos de fraude electoral.

En suma, se dice que la adopción total del voto electrónico en los procesos electorales depende en el país de que se cumplan tres factores: la credibilidad en el órgano electoral, la capacidad técnica para implementar estas modalidades y la generación de un sano y positivo ambiente político. A los dos primeros podemos ponerles “check”, no así al último requisito.

En un marco en el que el principal reclamo gubernamental al Instituto Nacional Electoral es el oneroso proceso de organización de elecciones, la tecnología puede ser la respuesta a la búsqueda de comicios más económicos, sin el riesgo de que estos pierdan la eficacia y la credibilidad. En específico, la alternativa es el llamado voto electrónico, con capacidad para generar ahorros en el presupuesto electoral de hasta cinco mil millones de pesos.

Durante esta semana, en el llamado Foro “Voto Electrónico: posibilidades y desafíos para su instrumentación en México”, organizado por la consejera Electoral Carla Humphrey Jordan, se analizaron las posibilidades de incorporar plenamente a los procesos de votación el uso de urnas electrónicas o la modalidad de sufragio por internet, ambas ya utilizadas de manera experimental o limitada en el país, e incluso con ciertos indicios de regulación.

Las urnas electrónicas se han empleado experimentalmente desde hace más de una década, en ejercicios locales como las propias elecciones constitucionales, en procesos de selección de dirigencias partidistas o en consultas para tomar decisiones sobre políticas públicas. En este 2022, por ejemplo, se anunció la instalación de 100 urnas electrónicas en las seis entidades federativas que sustituyeron gobernador; es decir, casi en el 0.5 por ciento del total de casillas.

En lo que respecta al voto por internet hablamos de una modalidad que desde 2014 está avalada constitucionalmente para el voto de los mexicanos en el extranjero, y a la que han recurrido ya algunos estados para recibir el sufragio de sus ciudadanos desde el proceso electoral de 2021. Cabe destacar que los connacionales residentes en otros países tienen también la opción de votar por la vía postal, pero dos de cada tres votantes en estos ejercicios optaron por la electrónica. Además de los beneficios económicos, como la inmensa reducción en el uso de papel y de personal asignado a la operación de las casillas, el voto electrónico tiene el potencial de eliminar los errores de escrutinio, de acelerar la obtención de los resultados y, además, de incrementar exponencialmente la participación ciudadana, pues el votante podría llegar a ejercer sus derechos desde la comodidad de su casa.

Los retos, riesgos y obstáculos, según se pudo escuchar en las disertaciones de los especialistas participantes en el Foro, tienen que ver más con el marco regulatorio (aunque las bases en la Constitución ya están asentadas) y con la confianza que estas modalidades electrónicas puedan generar en los votantes dentro y fuera del país, acostumbrados estos a escuchar por muchos años (quizá siempre del mismo personaje) señalamientos de fraude electoral.

En suma, se dice que la adopción total del voto electrónico en los procesos electorales depende en el país de que se cumplan tres factores: la credibilidad en el órgano electoral, la capacidad técnica para implementar estas modalidades y la generación de un sano y positivo ambiente político. A los dos primeros podemos ponerles “check”, no así al último requisito.