/ domingo 30 de agosto de 2020

Chatarra Alimentaria

Desde hace un tiempo considerable, las dependencias del ramo de salud de nuestro país comenzaron a registrar en los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos índices preocupantes de obesidad, hipertensión y diabetes, tres padecimientos notables debidos a la ingestión de mercancías merecidamente llamadas “chatarra”.

Son muchos, demostrados y evidentes los perjuicios que acarrea el consumo consuetudinario de los productos de bajísimo valor nutritivo que se han expendido siempre en la tiendita de la esquina así como en “cooperativas”, cafés o restaurantes de las instituciones de enseñanza, desde la escuela primaria hasta la universidad: frituras y líquidos mal nombrados “refrescos” saturados de calorías, carbohidratos, sodio, azúcar y grasas saturadas, que en exceso resultan de severo peligro para los organismos de quienes los consumen.

Pero ha sido a raíz de la tragedia pandémica actual que se ha pensado en contener sus riesgos particularmente a quienes enfrentan obesidad, uno de los factores que propician el presente padecimiento coronaviral.

Baja California Sur está ya, en estos finales de 2020, en el cuarto lugar nacional de casos de diabetes infantil.

A la vez, Oaxaca y Tabasco (en orden cronológico) se convirtieron en este mismo año en los primeros estados en prohibir la venta o regalo de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad, y ya se manifiestan reacciones favorables y adversas a dicho propósito.

La legislatura de BCS se les adelantó hace varios años ya que en el periodo 2005-2008, y por iniciativa del diputado Francisco Martínez Mora, decretó la disposición que prohibía la entrada, venta y consumo de alimentos chatarra en los planteles de educación básica, mediante la coordinación entre las secretarías de Educación Pública y de Salud, así como los ayuntamientos, pero la instrucción parlamentaria tuvo efecto sólo parcial, y en la mayor parte de los centros educativos se continuó omitiendo su cumplimiento.

Francisco Cardoza Macías, a la sazón secretario de Salud de BCS, a petición expresa tuvo la gentileza de ponerme en comunicación con la subdirección de Medicina Preventiva de esa dependencia, de cuyos datos surgió una realidad terrible: BCS rebasaba el índice nacional en sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad, y la diabetes (en gran medida derivada de estas circunstancias) la primera causa de mortalidad en el estado.

A ello contribuye, por supuesto, el sedentarismo que en parte origina la facilidad que aquí se tiene para que todo el mundo adquiera un automóvil, la exagerada afición por el televisor, el dispositivo móvil y la computadora, la falta de patios en esos hacinamientos habitacionales llamados “de interés social”, la falta de parques (pues algunos directivos municipales han tomado la práctica de vender las zonas de los fraccionamientos denominadas de “donación”, destinadas por ley al establecimiento de áreas de recreación comunitaria), desatención a los que existen y todo lo demás aledaño a la negligencia, el importanadismo y la corrupción.

Pero volvamos a las escuelas y los expendios de alimentos chatarra (“yonk food” en inglés), que de modo eufemístico reciben la denominación de “alimentos poco saludables”.

Se comprende que quienes venden las dichosas “botanas” y “refrescos” no tengan conciencia del daño que están causando con estos agresores a la salud que, por otra parte a precios carísimos, ponen en el aparato digestivo de las nuevas generaciones. Es su negocio o empleo y nada los obliga a poseer ninguna especialidad en nutrición, aunque sí a una capacitación mínima.

Por su lado, las grandes empresas que elaboran estas cosas presionan para que las dejen llevarlas a sus preciosos consumidores cautivos dentro del perímetro escolar, el barrio o la colonia. Son industrias generadoras de empleos, sin duda, desde la fábrica hasta el changarro repleto de esas mercaderías.

Y la publicidad se encarga de convencer a todo el mundo de las supuestas virtudes de sus aguas envasadas y artificios comestibles que los chicos terminan comiendo y bebiendo de forma compulsiva.

Algunas mamás de alumnos de primaria dan a éstos una lonchera preparada con fruta fresca, algún emparedado y un jugo natural para que los tomen en el receso. Otras más se aproximan al cerco escolar y proporcionan a sus hijos alimentos recién elaborados en casa.

Lamentablemente, otra parte de los padres se limita a proporcionarles dinero para que adquieran los productos que ofrecen los comerciantes en el expendio interior, los cuales conceden a la escuela comisiones y materiales en especie; en algunos casos, los directores obtienen ahí el refrigerio gratuito, a cambio de permitir el deterioro de la salud de los pequeños.

Habría que recomendar, entonces, llevar a efecto un proceso reeducativo en varios frentes; que quien corresponda prohíba rotundamente o al menos limite la oferta de tales perniciosos alimentos, y que, en cambio sea autorizada la de aquellos que ayuden en verdad al desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes.

Porque la ley ahí está, pero se carece de la reglamentación para que las autoridades del sector de la salud, educativo y municipal estén en condiciones legales de ejercer acciones precisas en tal sentido una vez que, enhorabuena, se restablezca el proceso presencial de enseñanza-aprendizaje.

Desde hace un tiempo considerable, las dependencias del ramo de salud de nuestro país comenzaron a registrar en los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos índices preocupantes de obesidad, hipertensión y diabetes, tres padecimientos notables debidos a la ingestión de mercancías merecidamente llamadas “chatarra”.

Son muchos, demostrados y evidentes los perjuicios que acarrea el consumo consuetudinario de los productos de bajísimo valor nutritivo que se han expendido siempre en la tiendita de la esquina así como en “cooperativas”, cafés o restaurantes de las instituciones de enseñanza, desde la escuela primaria hasta la universidad: frituras y líquidos mal nombrados “refrescos” saturados de calorías, carbohidratos, sodio, azúcar y grasas saturadas, que en exceso resultan de severo peligro para los organismos de quienes los consumen.

Pero ha sido a raíz de la tragedia pandémica actual que se ha pensado en contener sus riesgos particularmente a quienes enfrentan obesidad, uno de los factores que propician el presente padecimiento coronaviral.

Baja California Sur está ya, en estos finales de 2020, en el cuarto lugar nacional de casos de diabetes infantil.

A la vez, Oaxaca y Tabasco (en orden cronológico) se convirtieron en este mismo año en los primeros estados en prohibir la venta o regalo de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad, y ya se manifiestan reacciones favorables y adversas a dicho propósito.

La legislatura de BCS se les adelantó hace varios años ya que en el periodo 2005-2008, y por iniciativa del diputado Francisco Martínez Mora, decretó la disposición que prohibía la entrada, venta y consumo de alimentos chatarra en los planteles de educación básica, mediante la coordinación entre las secretarías de Educación Pública y de Salud, así como los ayuntamientos, pero la instrucción parlamentaria tuvo efecto sólo parcial, y en la mayor parte de los centros educativos se continuó omitiendo su cumplimiento.

Francisco Cardoza Macías, a la sazón secretario de Salud de BCS, a petición expresa tuvo la gentileza de ponerme en comunicación con la subdirección de Medicina Preventiva de esa dependencia, de cuyos datos surgió una realidad terrible: BCS rebasaba el índice nacional en sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad, y la diabetes (en gran medida derivada de estas circunstancias) la primera causa de mortalidad en el estado.

A ello contribuye, por supuesto, el sedentarismo que en parte origina la facilidad que aquí se tiene para que todo el mundo adquiera un automóvil, la exagerada afición por el televisor, el dispositivo móvil y la computadora, la falta de patios en esos hacinamientos habitacionales llamados “de interés social”, la falta de parques (pues algunos directivos municipales han tomado la práctica de vender las zonas de los fraccionamientos denominadas de “donación”, destinadas por ley al establecimiento de áreas de recreación comunitaria), desatención a los que existen y todo lo demás aledaño a la negligencia, el importanadismo y la corrupción.

Pero volvamos a las escuelas y los expendios de alimentos chatarra (“yonk food” en inglés), que de modo eufemístico reciben la denominación de “alimentos poco saludables”.

Se comprende que quienes venden las dichosas “botanas” y “refrescos” no tengan conciencia del daño que están causando con estos agresores a la salud que, por otra parte a precios carísimos, ponen en el aparato digestivo de las nuevas generaciones. Es su negocio o empleo y nada los obliga a poseer ninguna especialidad en nutrición, aunque sí a una capacitación mínima.

Por su lado, las grandes empresas que elaboran estas cosas presionan para que las dejen llevarlas a sus preciosos consumidores cautivos dentro del perímetro escolar, el barrio o la colonia. Son industrias generadoras de empleos, sin duda, desde la fábrica hasta el changarro repleto de esas mercaderías.

Y la publicidad se encarga de convencer a todo el mundo de las supuestas virtudes de sus aguas envasadas y artificios comestibles que los chicos terminan comiendo y bebiendo de forma compulsiva.

Algunas mamás de alumnos de primaria dan a éstos una lonchera preparada con fruta fresca, algún emparedado y un jugo natural para que los tomen en el receso. Otras más se aproximan al cerco escolar y proporcionan a sus hijos alimentos recién elaborados en casa.

Lamentablemente, otra parte de los padres se limita a proporcionarles dinero para que adquieran los productos que ofrecen los comerciantes en el expendio interior, los cuales conceden a la escuela comisiones y materiales en especie; en algunos casos, los directores obtienen ahí el refrigerio gratuito, a cambio de permitir el deterioro de la salud de los pequeños.

Habría que recomendar, entonces, llevar a efecto un proceso reeducativo en varios frentes; que quien corresponda prohíba rotundamente o al menos limite la oferta de tales perniciosos alimentos, y que, en cambio sea autorizada la de aquellos que ayuden en verdad al desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes.

Porque la ley ahí está, pero se carece de la reglamentación para que las autoridades del sector de la salud, educativo y municipal estén en condiciones legales de ejercer acciones precisas en tal sentido una vez que, enhorabuena, se restablezca el proceso presencial de enseñanza-aprendizaje.